Ocho policías de la Fuerza Civil de Nuevo León fueron cesados de la corporación y siete de ellos se encuentran detenidos por su presunta participación en el secuestro exprés de un hombre a quien exigían 150 mil pesos para no acusarlo de actividades ilícitas, informó el secretarío de Seguridad Pública estatal, Gerardo Palacios Pámanes.

En conferencia de prensa, el funcionario señaló que los uniformados cometieron el delito referido el 2 de febrero pasado, alrededor de las 16:30 horas, en una zona cercana a la avenida Acapulco, en Apodaca.

Explicó que las unidades en las que se trasladaban los elementos policiales eran monitoreadas por un software, por lo en la fecha referida se detectó una actividad inusual durante su recorrido. Al hacer las investigaciones se descubrió que interceptaron a un sujeto, lo bajaron de su camioneta y lo privaron de la libertad.

Posteriormente, llegaron cuatro individuos que portaban placas apócrifas de la Policía Ministerial. A cambio de liberarlo y no acusarlo de actividades delictivas, los efectivos pidieron 150 mil pesos a la familia; después de casi hora y media, dicho monto les fue entregado y la persona fue liberada.

Palacios Pámanes detalló que de los cuatro civiles que se hicieron pasar por personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, uno ya fue aprehendido y tres más continúan prófugos; mientras uno de los policías tampoco ha sido localizado.

Inhabilitan a dos funcionarios en Hidalgo

En tanto, la primera sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial de Hidalgo inhabilitó de sus funciones, por un año, a un agente del Ministerio Público y a un empleado administrativo de la Procuraduría General de Justicia estatal por recibir un soborno de 50 mil pesos. Según el resolutivo que fue dado a conocer por el tribunal esta semana, ambos funcionarios, cuyos nombre no fueron proporcionados, pidieron el dinero a cambio de no iniciar una investigación para determinar responsabilidades de una persona en un accidente de tránsito.

Esta falta es clasificada grave dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y según el expediente del caso 99/2022 la inhabilitación comenzó a surtir efectos el 1° de enero de 2023.