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Murieron por arma de fuego 30 manifestantes en Perú, indican autopsias
 
Periódico La Jornada
Martes 4 de abril de 2023, p. 22

Lima. La leyenda se repite: Proyectil por Arma de Fuego. Aunque en algunas páginas se limitan a poner las iniciales PAF, ese es el diagnóstico de muerte en las autopsias de 30 manifestantes, más de la mitad de los 49 civiles caídos en enfrentamientos con la fuerza pública en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en Perú entre diciembre y febrero.

La agencia de noticias Ap revisó los informes forenses de 32 de las víctimas por enfrentamientos con las fuerzas del orden y, salvo en dos casos, todos atribuyen las muertes a esa frase o esas iniciales, lo que apunta al uso de armas letales en la contención de las protestas.

Las necropsias detallan los daños causados por los impactos y tres de ellas también dan cuenta de los calibres de las balas, dado que aún se encontraban en los cuerpos. Coinciden con las que utilizan las armas de las fuerzas de seguridad peruanas, como los fusiles AKM con calibre 7.62 mm y las pistolas 9mm Beretta y Sauer, de acuerdo con un documento al que tuvo acceso Ap que enlista las armas disponibles en una comisaría de Juliaca.

Esto, según expertos consultados, apunta a que policías y soldados que reprimieron las manifestaciones incurrieron en uso excesivo de la fuerza y fueron en contra de sus manuales de operación que prohíben disparar directamente contra los manifestantes, salvo en el caso extremo de seria amenaza para su vida.

El gobierno niega abusos

El gobierno ha negado abusos, pero organismos internacionales –como el Alto Comisionado de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– han iniciado sus propias revisiones sobre el uso desproporcionado de la fuerza. En videos de las manifestaciones en las principales ciudades de Perú, policías y soldados fueron captados en distintos momentos mientras apuntan y disparan contra los manifestantes.

Las autopsias, de una decena de páginas cada una, van acompañadas de algunas imágenes que refuerzan la idea del daño que causan las balas de alto calibre.

Cada necropsia abunda en el tipo de herida que causó la muerte. Por ejemplo, Roger Rolando Cayo Sacaca, manifestante de 25 años, falleció el 9 de enero en Juliaca como resultado de una herida ocular penetrante por disparo de arma de fuego a larga distancia produciendo hemorragia cerebral y edema cerebral. El parte forense adjunta una fotografía del interior de su cabeza e indica que el proyectil era tipo perdigón.

Dos días después de los enfrentamientos en Juliaca, en los que también murió un policía quemado en su vehículo, la fiscalía –ente cuya elección no depende del gobierno– abrió una investigación por presunto genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, en la que incluyó a Boluarte y varios ministros.

La mandataria aún no ha declarado en esa investigación.

La agencia Ap ha buscado en repetidas ocasiones la versión del gobierno, policía y ejército sobre el uso de la fuerza en las protestas y el uso de armas letales, pero ningún funcionario ha respondido.

En total, en Perú han muerto 67 personas desde que comenzaron las protestas, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, el número de civiles muertos directamente en enfrentamientos con las fuerzas del orden es de 49. El resto son un policía, seis militares y 11 civiles más que fallecieron en bloqueos o en un contexto relacionado con las protestas, pero no por choques con la fuerza pública.