Esta batalla comenzó ya, declaró ayer el consejero presidente Lorenzo Córdova, después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) interpuso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un juicio urgente en contra del cese del secretario ejecutivo del organismo, Edmundo Jacobo, quien hizo lo propio, en reclamo de sus derechos individuales.

Tras subrayar que el plan B es arbitrario e ilegal, el funcionario cesado anticipó también que acudirá a juzgados federales para ser restituido en el cargo.

Ambos expedientes –en lo que respecta al TEPJF– fueron turnados a Janine Otálora Malassis, magistrada que en días pasados lanzó un grito de alarma frente a la reforma electoral, en lo que se refiere a la Ley General de Medios de Impugnación; aseguró que los cambios quitan a los jueces la facultad de interpretar la ley.

Este jueves, el consejero presidente sostuvo que los juicios son para restablecer el orden constitucional e impedir que una mayoría tiránica, autoritaria, haya cesado a nuestro secretario ejecutivo.

Este viernes, en el primer día de vigencia del plan B, el consejo general del INE sesionará para votar la propuesta de designación de Roberto Heycher Cardiel Soto, hasta ahora director ejecutivo de Capacitación y Educación Cívica, para que sea el encargado de despacho de la secretaría ejecutiva.

Para esa posición sólo hay dos opciones viables, Cardiel o la titular de la Dirección de Administración, Ana Laura Martínez de Lara, pues el resto de las direcciones tienen o tendrán en breve encargado de despacho.

También será integrada una comisión técnica que desahogue en un lapso de seis meses los cambios en el diseño institucional.

Córdova señaló en distintos canales que el país se encuentra en un contexto de violación al orden constitucional, por lo que impugnarán en todas las vías disponibles para impedir las acciones de una mayoría legislativa a la que calificó de tiránica y autoritaria. Por supuesto prometió a su amigo llevarlo de vuelta al INE.

Por la mañana, acompañado del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, quien acudió al INE a la firma de un convenio, Córdova reiteró sus críticas al señalar que la reforma está enraizada en rencores y fobias del pasado que dinamita el edificio democrático.

Por lo pronto, manifestó, se aplicará la reforma aunque esté mal hecha y sea inconstitucional.

Según este mismo decreto, las liquidaciones del personal despedido serán fondeadas con los fideicomisos del INE, los cuales rondan los mil 400 millones de pesos, mientras para los finiquitos, según las cuentas del consejero, se necesitarán 3 mil 500 millones.

En cuanto a las críticas que hizo el presidente López Obrador a los altos funcionarios del INE, con sueldos brutos de 262 mil pesos (consejero presidente) y 245 mil 942 (secretario ejecutivo), Córdova dio que las respuestas las dará por la vía jurídica y no a través de dimes y diretes.