Madrid. La multinacional española Ferrovial provocó una tormenta política al anunciar el traslado de su sede fiscal a los Países Bajos, con lo que dejará de tributar en España y ahora lo hará donde existe una fiscalidad más benévola con las grandes corporaciones. La máxima de que el capital no tiene patria, sobre todo cuando hay un gobierno de izquierdas al frente del país, se constató con esta decisión empresarial que provocó la indignación y hasta la cólera del gobierno de coalición del socialista Pedro Sánchez, que incluso exigió a la constructora que devolviera las ayudas públicas que ha recibido en años recientes.

Ferrovial es una de las constructoras más grandes del país, pero su origen fue la obra pública, es decir las adjudicaciones de contratos para grandes infraestructuras, como carreteras, puertos o aeropuertos, así como hospitales, escuelas o puentes. Actualmente Ferrovial tiene un precio en el mercado bursátil de 18 mil millones de euros, alrededor de 3 mil trabajadores directos y el año pasado obtuvo beneficios netos por 186 millones de euros.

La multinacional, presidida por el empresario Rafael del Pino, quien posee una de las grandes fortunas del país, deberá adoptar la decisión definitiva de su traslado a los Países Bajos en la próxima junta de accionistas, pero el anuncio ya está hecho y todo apunta a que desde los fondos de inversión que forman parte de su accionariado se está presionando el cambio de sede fiscal para operar con más libertad en otros mercados y, sobre todo, para reducir la carga tributaria.

Además, sostienen que la prima de riesgo en los Países Bajos es más estable que en España, que sufre vaivenes en este terreno.

Si se consuma el traslado de sede, Ferrovial dejará de tributar 285 millones de euros en España y se someterá a la política tributaria de los Países Bajos, una de las más benévolas con este tipo de corporaciones en la Unión Europea (UE), hasta el punto de que ya está abierto el debate al interior de las instituciones europeas sobre lo que algunos ya definen como “dumping fiscal”.

La empresa argumenta que la mayor parte de su negocio lo genera en el extranjero, es decir, 86 por ciento de los ingresos y 96 por ciento de su valor bursátil.

Estos argumentos no convencen al gobierno, que mostró públicamente su indignación. La vicepresidenta económica Nadia Calviño calificó la decisión de errónea y una falta de compromiso con España, es una decisión que va en contra del interés y de la imagen del país. El presidente Pedro Sánchez apuntó a un interés de Del Pino para pagar menos impuestos y reducir su abultada deuda personal. Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, exigió a la empresa que devuelva cada euro que han puesto los españoles y las españolas para sacarla a flote, al tiempo que anunció la presentación de una iniciativa parlamentaria para impedir que este tipo de empresas cambien de sede fiscal tan fácilmente.

Desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se pidió respeto para la decisión de Ferrovial y se criticó el clima antiempresas que se está alentando desde el gobierno.

Temen efecto dominó

A pesar de que en el gobierno no lo dicen, también existe el temor creciente de que se produzca un efecto contagio y empiecen a adoptar la misma decisión otras multinacionales y grandes corporaciones.