Las autoridades electorales no son responsables de la seguridad en las contiendas, advirtió el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova. Señaló que tampoco es papel de los organizadores hacer mapas de riesgo y que el filtro para evitar la postulación de personas relacionadas con el crimen son los partidos, no el INE.

No se trata de lavarse las manos, sino de asumir que tenemos un problema grave, que si se sigue menospreciando puede acabar desbordándonos y volver nuestra convivencia democrática una quimera, expuso durante un seminario realizado en El Colegio de México.

En la mesa compartida con los responsables de los comicios de este año en el estado de México y Coahuila se presentó un protocolo con recomendaciones para la seguridad de los candidatos, tomando como antecedente que en el proceso 2020-2021 la consultora Etellekt contabilizó mil 66 agresiones a políticos en 570 municipios y 102 asesinatos, cuyo móvil principal no es el crimen organizado, sino una señal de disputa violenta por el poder.

Córdova destacó que si bien en las jornadas comiciales recientes ha habido homicidios de abanderados, aparentemente por la ley de plata y plomo, es necesario que el Estado haga un diagnóstico integral sobre las causas de esta interferencia del crimen Sí falta una estrategia del Estado mexicano que genere diagnósticos precisos de este tema, que nos permita saber si lo que hoy es una especulación tiene o no fundamento, y qué grado de preocupación debe implicar.

Argumentó los límites del INE en esta materia con dos premisas: encargarse de la seguridad y/o hacer mapas de riesgo (como le ordenó el Tribunal Electoral tras la reciente elección en Tamaulipas) pondría en un serio riesgo a todo el personal de los institutos electorales. Y segundo, el organismo a su cargo no tiene conocimiento técnico ni atribuciones para realizar esas labores.

Por tanto, expuso, aun si una amenaza involucrara a un candidato, las autoridades electorales no pueden ni deben hacerse cargo de la protección del contendiente. Subrayó que sus comentarios no tienen que ver con lavarse las manos, sino con deslindar responsabilidades.

Destacó que en un periodo en el cual se ha incrementado la inseguridad en México, de 2014 a la fecha no se ha registrado ningún conflicto poselectoral. Consideró que los aspectos vinculados a presuntos delitos tampoco deben ser utilizados por instancias gubernamentales y de seguridad pública para tratar de incidir en la política. Ahí citó el caso del desafuero, como el caso más abusivo de nuestra historia, con el cual el gobierno federal pretendía anular la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador.