Los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Alejandro Armenta y Santiago Creel, respectivamente, se reunirán antes de que concluya el actual periodo de sesiones para acordar un calendario de trabajo que les permita el desahogo del enorme rezago de asuntos pendientes que siguen acumulándose en ambos órganos del Congreso.

Hay particular preocupación por las minutas, es decir, las reformas aprobadas ya en alguna cámara, que se detienen en la colegisladora. En el caso del Senado, hay 214 pendientes de dictaminar tan sólo del último año, 456 que les turnó la Cámara de Diputados entre septiembre de 2028 y 2021 y otras 300 que están rezagadas de anteriores legislaturas.

Entre esas más de mil minutas detenidas están la ley para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno, la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional de Cuidados, que están en el Senado desde fines de 2020, así como las relacionadas con disposiciones para evitar la violencia de género, entre otras.

En San Lázaro hay un retraso similar, por lo que en la reunión que sostendrá Creel con Armenta el próximo miércoles se estudiará una propuesta de que cada cámara presente 50 minutas que consideren de la mayor relevancia, a fin de que puedan analizarse en el receso legislativo que comienza el 16 de diciembre y dictaminarlas a partir del próximo periodo ordinario, que empieza el primero de febrero.

Armenta sostuvo una reunión el jueves pasado con los titulares de las comisiones de trabajo, justo para pedirles que definan cuáles son los temas prioritarios que están pendientes de dictaminar en la colegisladora, ya que en muchos casos se trata de iniciativas rebasadas por otras legislaciones o que perdieron vigencia, tienen mucho tiempo congeladas o son intrascendentes.

En algunos casos se trata de resistencias políticas. Es el caso de las minutas más viejas en el Senado, que datan de febrero de 2014. Se trata de reformas a la Ley de Pesca y Acuacultura, en la que se establece que el objetivo de esa legislación es garantizar el derecho de las comunidades indígenas al acceso, uso y disfrute preferente de los recursos acuícolas y pesqueros. El texto actual sólo obliga a procurar tal derecho a los pueblos originarios.

En ese sentido, Armenta pidió a los presidentes de las 47 comisiones ordinarias de trabajo que hagan una revisión de los asuntos prioritarios que se encuentren en proceso o que estén detenidos en la colegisladora, a fin de avanzar en la labor legislativa.

Los presidentes de comisiones aludieron al hecho de que se debe tomar en cuenta el plazo con que cuentan las diversas dependencias del Ejecutivo federal para presentar opiniones sobre los dictámenes y propusieron establecer criterios en ese sentido y fijar fechas, porque en muchos de los casos las opiniones son personales de los enlaces y no de la dependencia.