Aunque al estar en México, cada niño, niña y adolescente migrante detectado por las autoridades debe ser evaluado para contar con un diagnóstico sobre el interés superior del menor elaborado por parte de las procuradurías de protección para la niñez, así como un plan de restitución de derechos, en muchas ocasiones no se realizan antes de que sean retornados a sus países de origen, sostuvo el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).

En un análisis sobre el cumplimiento de la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, armonizadas con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, señaló que según defensores, las procuradurías realizan lo que dicta el Instituto Nacional de Migración (INM), en vez de evaluar el interés superior y emitir el diagnóstico que tendría que ser seguido por la autoridad migratoria.

El Imumi expuso que a través de solicitudes de información y otros datos oficiales, se pudo corroborar que mientras la Unidad de Política Migratoria reportó 2 mil 572 actos de detención de niñez y adolescencia en Chiapas, sólo fueron emitidos a favor de menores migrantes mil 524 Planes de Restitución, durante el primer cuatrimestre de 2021.

Refirió que en un informe de Amnistía Internacional, publicado en junio de 2021, se detectó deficiencias en los planes de restitución y alertó un patrón de emisiones que dicta el retorno asistido de los menores bajo el principio de unidad familiar. Lo anterior, sin importar si corren peligro en su nación de origen o si sus familiares más cercanos hoy están en Estados Unidos.