El caso de un funcionario de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que al inicio de este gobierno otorgó una nueva concesión a Grupo México para explotar más pozos del líquido en Cananea, y luego se incorporó a la empresa, es muestra de cómo el consorcio de Germán Larrea incurre en actos de corrupción para acrecentar su riqueza, advirtió el senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló el asunto en su conferencia del jueves.

En entrevista, Gómez Urrutia dijo que no es el único ex funcionario al que luego contrató Larrea. Señaló que el Ejecutivo podría cancelar esa concesión, ya que es evidente que surgió de un negocio turbio.

Después de la declaración presidencial, la Conagua confirmó que Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, ex subdirector general técnico del organismo, estuvo entre quienes autorizaron la concesión. Renunció en septiembre de 2020 y pasó a trabajar a Grupo México.

El dirigente nacional del Sindicato Minero destacó que Grupo México ha pasado por encima de los derechos de los trabajadores de Cananea, que se mantienen en huelga desde hace 14 años, y de la población de ese municipio sonorense, donde se ubica la mina de cobre que explota la empresa, ya que prácticamente les ha arrebatado el agua y contamina sus ríos con derrames de sustancias tóxicas.

La población de Cananea, expuso, sufre desde hace años racionamiento del líquido porque Larrea lo acapara; ha comprado ranchos con pozos acuíferos, a fin de apoderarse de las reservas y poder abastecer sus plantas, sobre todo las metalúrgicas, y encima recibe una nueva concesión. Es algo que ya no debe tolerarse.

Insistió en que es práctica común de Larrea allegarse a ex servidores públicos para que sirvan en su consorcio. Mencionó a Gary Jorge Pérez Grijalva, quien fue secretario general de Acuerdos y Asuntos Colectivos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) en el sexenio de Enrique Peña Nieto y ahora es abogado de Grupo México.

“Quiere decir que desde la JFCA trabajaba para Larrea y ahora, con la experiencia acumulada como funcionario laboral, se desempeña como lobbista para echar abajo demandas de los trabajadores.”

Expuso que, de igual forma, Fernando Gómez Mont pasó de apoderado legal de Grupo México a secretario de Gobernación en el gobierno de Felipe Calderón, y desde ahí maniobró para romper la huelga en Cananea y tratar de destruir al Sindicato Minero.

Desafortunadamente, en el sector minero, metalúrgico y siderúrgico todavía prevalece el poder económico sobre el político, añadió el legislador de Morena.

Por ello, agregó, es fundamental una reforma integral a la Ley Minera, a fin de acabar con abusos de los empresarios, entre quienes se encuentran los hombres más ricos del país. La legislación actual, precisó, es débil en muchos aspectos, entre ellos que se eliminó la mayor parte de las causales de rescisión de las concesiones y no hay obligación de las empresas de remediar los daños causados al entorno ambiental de las comunidades en que se establecen.