Luchar contra el despojo: la historia de Ixtacamaxtitlán, Puebla

El municipio de Ixtacamaxtitlán se localiza en la Sierra Norte de Puebla. Se trata de un municipio prácticamente rural en donde la mayoría de las familias se dedican a las actividades agropecuarias. Se practica una agricultura de subsistencia basada en los cultivos de maíz, frijol, haba, alverjón; de frutales como la manzana, el durazno, ciruela y pera. También hay crianza de una ganadería con especies menores como ovejas, cabras y aves.

Ixtacamaxtitlán es un pueblo prehispánico. En agosto de 1519, cuando Cortés llegó a este lugar en su trayecto hacia Tenochtitlan, gobernaba el rey Tenamascuicuil, quien poseía un señorío que abarcaba lo que hoy son los municipios de Zautla, Libres, Cuyoaco, Aquixtla, Oriental e Ixtacamaxtitlán (Gómez 2010). Así, Ixtacamaxtitlán es un pueblo originario en donde la identidad y la cultura indígenas todavía están muy vivas a nivel cotidiano para muchos habitantes de los pueblos, lo que se evidencia en la forma de organización, en el nombramiento de su territorio, en el cultivo de la milpa, en la forma de curación con la herbolaría, así como en su forma de relacionarse con la tierra y la naturaleza.

En el municipio de Ixtacamaxtitlán es donde prácticamente inicia la cuenca del río Apulco, un afluente que recorre más de 350 kilómetros pasando por varios municipios de Puebla y Veracruz hasta llegar al río Tecolutla, desembocando en el Golfo de México.

Sobre el territorio de Ixtacamaxtitlán, la Secretaría de Economía del gobierno federal ha otorgado concesiones para exploración y explotación minera, como en muchos otros pueblos campesinos e indígenas de México. Se han entregado más de diez lotes, que representan alrededor de 50 mil hectáreas de las 60 mil que tiene el municipio (Montiel, 2022).

A finales de los noventas se empezó a mirar el sobrevuelo de helicópteros sobre el territorio de Ixtacamaxtitlán. Llamó mucho la atención que la aeronave aterrizó en la cabecera municipal. Se empezó a difundir la información de que eran unos extranjeros mineros quienes andaban viendo la posibilidad de instalar una mina en la región. Luego ya no se le dio importancia, pasaron algunos años y fue hasta 2009 cuando la empresa mineras Gavilán y Gorrión, subsidiarias de Almaden Minerals de capital canadiense, iniciaron sus operaciones de exploración, sobre las concesiones 219469 Cerro Grande y 233434 Cerro Grande 2, mismas que abarcan 14,229 hectáreas de tierras pertenecientes a 15 comunidades y ejidos del municipio. Parecía que todo iba bien con el desarrollo del proyecto minero definido como “Ixtaca”; la gente tenía curiosidad y, sobre todo, expectativas, hasta que se empezó a difundir la información de que el tipo de minería que se desarrollaría sería el conocido como “minería a cielo abierto”.

Cuando la población empezó a conocer la información del tipo de proyecto decidió mostrar su desacuerdo, descontento y sobre todo, se empezó a organizar. Así surgió la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhuac (La Unión), alianza de las personas de estas comunidades y ejidos para mostrar su descontento y rechazo al proyecto minero “Ixtaca”.

Desde el momento en que la empresa minera se dio cuenta del rechazo, comenzó a desplegar toda una estrategia, un repertorio de acciones para cooptar a la población, inmovilizarla y para tratar de imponer la instalación de la mina. La generación de empleos, el desarrollo y que el proyecto de mina es de vanguardia, es parte de su narrativa para legitimar su presencia en la región.

Entre estas acciones están el otorgamiento de dádivas -la mayoría de las veces son ofrecidas por la minera y no solicitada por las personas y comunidades-, como dinero para las fiestas patronales, donaciones de equipo didáctico a las escuelas, materiales anticovid a las casas de salud y clínicas, entre otras. Con estas donaciones la minera establece relaciones de “reciprocidad”, en las que reclama y demanda correspondencia. De tal manera que exige a las maestras, enfermeras, médicos, autoridades civiles y religiosas que por haber recibido una donación pidan a las personas de las comunidades el respaldo al proyecto de mina de tajo a cielo abierto.

Desde La Unión y con el apoyo de organizaciones y colectivos como Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER), y el Consejo Tiyat Tlali se han emprendido un conjunto de acciones en la defensa de los derechos humanos y del territorio frente al poder y la amenaza de la empresa y del proyecto de mina.

Se ha desplegado un repertorio de acciones para mostrar al gobierno mexicano y a la empresa minera que la mina no es bienvenida, que no la consentimos en nuestro territorio. Así, se han realizado asambleas informativas, investigaciones, foros, movilizaciones, bloqueos simbólicos a la empresa, entre muchas más. Además de eso, emprendimos dos acciones judiciales muy relevantes: la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) del proyecto minero, y la demanda de amparo encabeza por la comunidad nahua y ejido de Tecoltemi contra las concesiones mineras Cerro Grande y Cerro Grande 2, y contra la ley minera.

La EIDH se hizo en coordinación con PODER y el Consejo Tiyat Tlali. Se trata de un trabajo que nos llevó dos años, en los que se identificó que el derecho a un ambiente sano, el derecho humano al agua, y derecho a la salud estaban siendo violentados y se agravarían en caso de construirse la mina. Se elaboró un informe con el cual intentamos incidir en instancias del gobierno mexicano, como la Semarnat, la Conagua, la Profepa, la CNDH y la SE; sin embargo, ninguna se interesó en darnos garantía de nuestros derechos. Para decirlo rápido, encontramos un Estado esquivo. Nos dejaron en el desamparo.

El juicio de amparo se hizo con el apoyo de Fundar y el Consejo Tiyat Tlali y fue presentado en abril de 2015 desde el Ejido de Tecoltemi, el cual forma parte de La Unión. Se demandó a la Secretaría de Economía por otorgar las concesiones mineras violando el derecho a la consulta y libre consentimiento y al presidente de la República y Congreso de la Unión por emitir una Ley Minera que da preferencia a la minería sobre la vida de los pueblos.

Después de 7 años de juicio en los que el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y en los que se libró de las maniobras de la minera por intentar dejar sin materia el amparo, finalmente en el mes de febrero de 2022 la SCJN resolvió. Concedió el amparo a la Comunidad de Tecoltemi respecto de las dos concesiones mineras, en tanto que reconoce la violación al derecho a la consulta y al consentimiento. Así, ordenó a la Secretaría de Economía (SE) dejar insubsistentes (cancelar) las dos concesiones mineras. También ordenó a la SE pronunciarse nuevamente sobre si es factible expedir las concesiones solicitadas originalmente por la empresa, y antes de otorgarlas sobre Tecoltemi, le deberá consultar.

En relación a la inconstitucionalidad de la Ley Minera, nos quejamos en contra de los artículos 6º., párrafo primero; 10º., párrafos primero y cuarto; 15º. y 19º., fracciones I, II, IV, V, VI, VIII y XII de la Ley Minera, porque su contenido es contrario a derechos reconocidos en la Constitución federal y en tratados Internacionales, que protegen las tierras y territorios de las comunidades y pueblos indígenas. Nosotros queríamos que la SCJN declarara que la Ley Minera es inconstitucional. Esta era la apuesta porque aquí radica el problema del despojo de las comunidades campesinas e indígenas. Si embargo, la SCJN negó el amparo en ese tema a la comunidad de Tecoltemi, porque, argumentaron los ministros de la primera sala, el objeto de la Ley Minera no es la regulación los derechos de los pueblos indígenas.

¿Y qué está haciendo la SE con la sentencia de la Corte? El efecto del amparo de Tecoltemi es que se le quitaron las concesiones a la empresa minera y, francamente, pensamos que esto es temporal. La Secretaría de Economía en días pasados declaró (Panel “La consulta indígena” - YouTube) que no van a parar las inversiones en minería por “problemas” de consulta indígena. Escuchamos la actuación de los funcionarios de esta dependencia federal y estamos preocupados porque la empresa pueda volver a tener las concesiones.

Desde 2013 que empezamos la lucha por el territorio y la vida, en todo este tiempo hemos visto como el Estado mexicano violenta nuestros derechos, respaldando a la empresa. En nombre del empleo, el desarrollo y el progreso, se pretende que nuestro territorio sea “zona que le toca sacrificarse”. Pero en Ixtacamaxtitlán nos negamos a ser vidas que se sacrifican, a ser vidas que paguen en vida y en muerte la reproducción del capital •