Chihuahua, Chih., El taller de costura denominado Bowe Najativo –que quiere decir en español permanezcamos en el camino–, cuyo predio disputan mestizos a indígenas rarámuris de la comunidad Bosques de San Elías Repechique, se construyó con recursos de un fideicomiso que indemnizó a los habitantes por la construcción del aeropuerto de Creel en sus tierras ancestrales del municipio de Bocoyna.

En Bosques de San Elías Repechique habitan 403 personas pertenecientes a 132 familias de origen étnico, sobre una superficie de 11 mil 300 hectáreas, pero los titulares de los derechos de posesión ante el Registro Agrario Nacional son pequeños propietarios mestizos, quienes nunca han vivido en el lugar, aseguró la organización Consultoría Técnica Comunitaria AC (Contec).

En asamblea comunitaria y con base en el derecho de territorio ancestral, libre determinación y autonomía, los pobladores indígenas decidieron el lugar donde se construye el taller de costura, y la fiscalía estatal inició dos causas penales en contra de la comunidad rarámuri por la construcción, indicó el organismo.

No existen elementos jurídicos objetivos que configuren el delito de despojo, pues es necesario que quien denuncie tenga la posesión del predio y ninguno de los particulares mestizos lo tiene; contrario a ello, son las personas de la comunidad rarámuri quienes tienen la posesión; en todo caso, el despojo lo pretenden los denunciantes, añadió.

La carpeta de investigación iniciada al respecto ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado con sede en Ciudad Cuauhtémoc tiene irregularidades, como que los denunciantes dejaron de ser dueños del predio del que se dicen afectados desde 2018; por lo tanto, el representante de los mismos ha incurrido en falsedad de declaraciones y sus acciones constituyen un fraude procesal, según Contec.

Además, durante la investigación, el Ministerio Público se negó a entregar copias de la carpeta de investigación sin argumentos válidos y la comunidad ha sido presionada por diversas autoridades, entre ellas el secretario de Gobierno estatal, César Jáuregui Moreno; la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas, para que busque la conciliación a cambio de desaparecer la denuncia penal.

En 2014 la comunidad ganó una demanda contra la construcción del aeropuerto en Creel, en cuya sentencia se reconocen los derechos derivados de la posesión ancestral de la población en 11 mil 400 hectáreas. Además, el juez ordenó realizar una consulta bajo parámetros internacionales y la reparación del daño inmaterial ocasionado a la cultura, identidad, posesión y cosmovisión.

En 2017 la comunidad y el gobierno estatal integraron un fideicomiso para la realización de proyectos productivos de beneficio colectivo; como resultado, los habitantes decidieron instalar un taller de costura que empezó a construirse en abril de 2020.

Según Contec, apenas un mes después, integrantes de la comunidad que construían el taller fueron hostigados por agentes de la fiscalía, quienes en aparatosas operaciones llegaban al lugar de construcción, argumentando la existencia de una denuncia de despojo, robo y daños al medio ambiente iniciada por los señores que acreditan la propiedad.