En la propuesta de reforma integral para despenalizar la interrupción del embarazo se establece que el Estado deberá ofrecer a mujeres de cualquier edad atención para un aborto sin riesgos, como parte de su obligación de garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva, y en el caso de niñas menores de 13 años se elimina el requisito de recabar el consentimiento de los padres o tutores.

Bastará con que la menor solicite que se interrumpa el embarazo para que las autoridades federales, de los estados y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, garanticen el acceso a los servicios de aborto seguro, al igual que al resto de las niñas y adolescentes.

En el proyecto de dictamen que está a discusión en el Senado, se establece que en el caso de menores de 13 años que no tengan el consentimiento de su padre, madre o tutor para un aborto seguro, las autoridades de salud de manera oficiosa deberán solicitar la intervención de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la que a partir del principio de interés superior de la niñez podrán autorizar la realización del procedimiento.

Esto, después de haber escuchado e informado a la menor de sus derechos, según se establece en la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, una de las cuatro normas que se modifican.

En la misma se resalta que se deberá explicar a las adolescentes y a otras partes interesadas sobre los riesgos que entraña la interrupción del embarazo sin la debida información y acompañamiento para un aborto seguro, precisar los servicios al respecto y dónde se puede acceder a los mismos.

Por lo que toca a la Ley General de Salud, se propone establecer la obligación del Estado de garantizar la atención integral de la mujer durante el embarazo, su interrupción y pone énfasis en priorizar la educación sexual, además de la entrega gratuita en clínicas y hospitales de anticonceptivos.

La finalidad es evitar embarazos precoces. También se prohíbe la denegación o postergación de los servicios de aborto seguro, la continuación forzada del embarazo y la esterilización forzada.

Asimismo, indica que será responsabilidad del Estado incluir de manera prioritaria anticonceptivos que sean accesibles, asequibles y estén al alcance geográfico de toda la población, en especial los grupos que presenten mayor vulnerabilidad.

El capítulo VI de la Ley General de Salud, titulado Servicios de Planificación Familiar, se modificaría para incluir los servicios de anticoncepción, que serán considerados de carácter prioritario, a fin de contribuir a la prevención de embarazos no intencionales y no deseados”.

Se destaca en el proyecto de dictamen que fue elaborado a partir de la iniciativa de las morenistas Malu Micher e Imelda Castro; de la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu; de la petista Cora Cecilia Pinedo; de Indira Rosales, de MC, y del coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera.