Los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantienen opiniones divididas sobre la posibilidad de declarar inconstitucional la reforma legal que permite a los partidos políticos renunciar a su presupuesto público, para que sea destinado a prestar ayuda a los damnificados en casos de desastres naturales.

Aunque una mayoría de seis ministros se manifestó por invalidar esta disposición, el presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, decidió suspender la discusión hasta que regresen dos ministras que se encuentran comisionadas.

El pleno de ministros comenzó a analizar ayer el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf sobre la acción de inconstitucionalidad 52/2022, promovida por senadores de minoría en contra de esta disposición, promulgada el 27 de febrero de este año.

Los ministros discreparon al resolver el punto sobre si los partidos pueden decidir cuál será el destino final del dinero que lleguen a devolver a la tesorería federal.

Para la ministra ponente no hay incoherencia en el hecho de que los partidos que devuelvan su financiamiento lo hagan directamente a la tesorería federal, pues se trata de dinero del presupuesto federal.

Al no preverse en la normativa impugnada la posibilidad de que los partidos políticos reintegren el financiamiento público local al que tengan derecho para actividades ordinarias permanentes, sino que ello ocurre sólo en relación con el financiamiento federal, entonces no se advierte ninguna incongruencia en que ese reintegro se haga ante la Tesorería de la Federación, señaló Ortiz.

En cambio, para el ministro Mario Pardo Rebolledo, si algunos fondos son devueltos deben ser entregados al Instituto Nacional Electoral (INE) para que realice una auditoría y, sólo entonces, reintegrarlos a la Federación.

De igual forma, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena indicó que no es posible dejar a los partidos la decisión del destino final de los recursos que lleguen a devolver, pues ésta es facultad constitucional de la Cámara de Diputados.

Al votar este punto, el resultado preliminar fue de seis votos contra el proyecto de la ministra Ortiz, es decir, a sólo dos votos de alcanzar la mayoría calificada que se precisa para invalidar una ley ya en vigencia.

Ante esto, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, decidió esperar a que las ministras Yasmín Esquivel y Margarita Ríos se reintegren al pleno, lo cual ocurrirá la semana próxima, para ver si es posible obtener la mayoría calificada.