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Piden que la ONU emplace a México a respetar derechos de los indígenas
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▲ La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos de los Desplazados Forzados Internos, Cecilia Jiménez-Damary, durante una visita oficial a México, el pasado 9 de septiembre.Foto tomada de la cuenta de Facebook de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 13 de septiembre de 2022, p. 29

San Cristóbal De Las Casas, Chis., Organizaciones encabezadas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) solicitaron a Cecilia Jiménez-Damary, relatora especial de la Organización de Nacionales Unidas sobre Derechos Humanos de los Desplazados Forzados Internos, que recomiende y exija al Estado mexicano que se respeten los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en particular lo referente al territorio y la autonomía.

Asimismo, demandan un mecanismo que garantice el respeto a los principios sobre desplazamientos forzados, que incluya medidas de sanción en caso de incumplimiento; la aplicación de la Ley de Desplazamiento Forzado para Chiapas, así como consolidar el programa estatal con perspectiva de género y en favor de la niñez para atender y prevenir esa situación en la entidad.

Pidieron que se impulse el funcionamiento y fortalecimiento de las procuradurías de protección estatal y municipal con perspectiva interseccional y de género, al igual que la capacitación de su personal y sensibilización en el tema, y que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas para Chiapas genere un registro con enfoque diferenciado, que investigue y desarme a los grupos armados, se consigne a los responsables de los heridos, asesinatos y desplazamientos forzados.

En el informe entregado durante la visita que la semana pasada realizó la funcionaria a la entidad, las organizaciones, entre ellas Cáritas, Melel Xojobal y el Servicio Internacional por la Paz, también le sugirieron que recomiende y exija que se garantice la integridad física y la protección de las personas defensoras que acompañan a víctimas y que haya rendición de cuentas de las fiscalías.

Aseguraron que el fenómeno puede tener como raíz añejos conflictos agrarios que se iniciaron en la década de 1970 entre diferentes municipios y/o bienes comunales de la región de los Altos, donde operan grupos armados con características similares.

Señalaron que de 2010 a la fecha se ha documentado el desplazamiento de 14 mil 476 personas de diferentes municipios; asimismo, recientemente la presencia del crimen organizado ha aumentado de manera exponencial y con ello el tráfico de armas, robo de autos, trata de personas, siembra y trasiego de drogas, control territorial mediante la imposición del terror en las comunidades, lo que ha provocado que cientos de personas huyan de sus hogares.

La relatora Cecilia Jiménez-Damary reiteró su petición al gobierno de crear un registro federal de víctimas de desplazamiento interno a fin de garantizar presupuesto suficiente para una atención integral, así como generar conciencia sobre este problema.

Tras concluir su visita al país, subrayó que dicho registro también debe incluir a quienes no han sido reconocidas legalmente, ya que son desplazadas de facto.

En un comunicado aclaró que el censo no debe otorgar un estatus legal, sino facilitar la protección y la asistencia humanitaria de acuerdo con las necesidades individuales y colectivas.