Cuernavaca, Mor., Los hermanos Ana Karen y Carlos Ortega Galindo fueron detenidos de manera ilegal por agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes mediante torturas y amenazas de muerte les exigieron que se declararan integrantes de una banda dedicada al robo de vehículos, la cual opera en Morelos, denunciaron Ana y Carlos.

El arresto se efectuó el pasado 15 de marzo. Desde esa fecha los hermanos han luchado por que proceda su queja ante la FGE por la detención arbitraria y se castigue a los elementos que les imputaron delitos que no cometieron.

Ayer, en una protesta frente a la fiscalía, también reclamaron que se les devuelva un teléfono celular que les quitaron.

Ana Karen, comerciante de 29 años de edad, y su hermano Carlos, de 35, chofer de una empresa, transitaban en dos camionetas, una Chrysler Voyager y una Honda, sobre la avenida 10 de abril, en la capital del estado.

Ella estaba aprendiendo a manejar e iba despacio; atrás, su hermano conducía la otra unidad. Cerca de las tres de la tarde de ese día, ocho agentes, hombres y mujeres, los interceptaron y los bajaron de sus vehículos.

Sin explicación los esposaron y los subieron a las unidades oficiales acusándolos de pertenecer a una banda de robacoches, porque una de las camionetas que manejaban era igual a una que tenía reporte de robo. Ahí comenzó la peor experiencia de mi vida, narró Karen Galindo.

A pesar de que los hermanos dijeron que poseían las facturas de los automóviles, no los escucharon y los trasladaron a los separos de la fiscalía.

Por ocho horas estuvieron retenidos; de forma separada los interrogaron, golpearon y torturaron, con la finalidad de que se declararan culpables. Sus camionetas fueron confiscadas por los agentes.

Todo ese tiempo me dijeron muchas groserías, amenazas, de todo, que iban a ir contra mis tres hijos. Me golpearon, me colocaron una bolsa negra en la cabeza, me aventaron agua; querían que dijera qué armas o carros usábamos. Yo les decía que mis carros estaban bien, recordó Ana Karen Ortega.

Las acusaciones, desmentidas en juzgado

Los agentes ministeriales nunca permitieron que mostraran pruebas de su inocencia y se los llevaron al Centro de Reinserción Social ubicado en Xochitepec; ahí estuvieron toda la noche hasta el siguiente día, cuando los presentaron a la audiencia de imputación.

El juez permitió a la defensa de los hermanos Ortega Galindo presentar las facturas de las unidades. Ahí determinó que fue una detención arbitraria, que no había delito porque estaba comprobada la propiedad de los automotores y nos liberó, explicó Ana Karen. Diez días después les devolvieron las camionetas, pero no el teléfono.