El aumento desmedido de viviendas en las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa, donde el metro cuadrado de terreno se cotiza en más de 25 mil pesos, en promedio, ha agudizado la desigualdad y la falta de inclusión social, establece el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2020-2040.

El documento, que se encuentra en proceso de consulta ciudadana, reconoce un universo disperso, incongruente y confuso de normas de ordenación urbana y ambiental, lo que ha favorecido la discrecionalidad, corrupción y efectos diferenciados en varias zonas de la ciudad.

Indica que se gestaron procesos de encarecimiento y especulación de la vivienda y el suelo, sobre todo en las áreas centrales que han sido presionadas para cambiar los usos habitacionales por usos más rentables, como centros comerciales y oficinas, acompañados de producción de viviendas de grandes alturas que no promueven una redensificación equitativa e incluyente, sino que atienden a un sector de ingresos medios y altos.

Ello alienta la ocupación irregular del suelo de conservación y zonas de alto riesgo, genera situaciones que obligan a las familias a enfrentar la decisión de relocalizarse fuera de la ciudad, en zonas donde sus ingresos lo permiten, lo que contribuye a la segregación de la población, afecta la convivencia e impacta en muchos otros aspectos asociados a la localización y el ingreso real de los hogares.

“Esta desarticulación de normas y criterios urbanos ha contribuido al fortalecimiento de conflictos estructurales en la ciudad, lo que ha agudizado los fenómenos de desigualdad, exclusión y segregación que se experimentan actualmente.

“No existen programas o mecanismos que garanticen el mantenimiento y mejoramiento del parque habitacional existente. Los esfuerzos del Instituto de Vivienda son limitados y requieren de mejores condiciones y de desarrollo institucional para ampliar el apoyo que ofrece, para dar mantenimiento y mejoramiento a un mayor número de viviendas.

Se estrangula así la posibilidad de obtener una vivienda para la población de menores ingresos e incluso de ingresos medios, como la que en su mayoría trabaja en las alcaldías centrales.