La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Ríos Farjat, propuso emplazar a la Fiscalía General de la República (FGR), a las secretarías de Gobernación (SG) y Defensa Nacional (Sedena), así como a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), para que en 30 días tomen acciones concretas para resolver el caso de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde 2007 en Oaxaca, a manos de militares y policías estatales.

En el proyecto de resolución del amparo en revisión 51/2020, programado para votarse esta semana en la primera sala del máximo tribunal, la ministra Ríos propone ratificar la sentencia original, que ordenó crear una comisión especial para la búsqueda de estos desaparecidos, pero también agrega fijar plazos y obligaciones específicas para que las autoridades demandadas cumplan con esta sentencia.

Tanto la FGR como la Sedena apelaron la sentencia original, por lo cual fue necesario que los abogados de las víctimas llevaran el caso hasta la SCJN, reclamando la desaparición forzada, así como la obstrucción de llevar a cabo las diligencias necesarias a fin de investigar el delito mencionado.

Se trata del caso en el que Reyes y Cruz, ambos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), fueron detenidos en la capital de Oaxaca el 24 de mayo de 2007 por elementos de la Sedena, la Dirección General de Seguridad Pública del estado, así como de la Policía Ministerial y municipal. Ambos fueron llevados al Campo Militar número 1, en la Ciudad de México, donde no se supo más de ellos.

Al llegar a la SCJN, la ministra Ríos presentó un primer proyecto de sentencia donde sólo proponía ratificar el amparo y returnar el asunto a un tribunal colegiado.

Esta propuesta fue criticada por los familiares de Reyes y Cruz, quienes exigieron una resolución que permita una investigación a fondo del caso y la reparación integral del daño causado.

La ministra Ríos dialogó con los abogados y familiares de las víctimas y rehízo su proyecto, añadiendo obligaciones concretas para las autoridades implicadas en la desaparición y fijando plazos para cumplirlas.

Esto, tomando en cuenta el papel de la Sedena en los hechos y su responsabilidad institucional, como parte del Estado, teniendo en cuenta que existen indicios de la participación de elementos militares en la detención de ambos quejosos, momento a partir del cual se desconoce su paradero.

El nuevo proyecto obligaría a la FGR a publicar en su sitio de Internet los avances en la investigación del caso y las pruebas que obran en la averiguación previa.

Los defensores de los desaparecidos han señalado que la resolución de la SCJN sentará un precedente sobre la forma en que el Estado mexicano debe abordar y resolver los casos de desaparición forzada.