l gobierno francés emprendió ayer un giro con el anuncio de la primera ministra, Élisabeth Borne, de que buscará la nacionalización total de la energía eléctrica, gestionada por la empresa Electricidad de Francia (EDF). Aunque el Estado ya controla 84 por ciento de EDF, se hará con 100 por ciento del capital con el objetivo de fortalecer su independencia energética y alcanzar las emisiones cero. La alta funcionaria resaltó que para hacer de su país la primera gran nación ecológica en salir de los combustibles fósiles se requiere el control total de la producción y de nuestro futuro energético.

La medida también responde a la necesidad de blindar al país ante la volatilidad en los precios de los energéticos que ya se veía desde el año pasado y que se disparó a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania en febrero, tanto por la incertidumbre que el propio conflicto trae aparejada como por la guerra de sanciones con que Occidente busca asfixiar la economía rusa, y las respuestas de Moscú a la misma.

En este contexto, la decisión del Ejecutivo francés es una medida de elemental sensatez en busca de proteger a los ciudadanos de los vaivenes en los precios internacionales de los combustibles, desligar al país de fluctuaciones catastróficas en el costo de la electricidad, conjurar el malestar social y los riesgos de inestabilidad política implícitos en lo anterior, y sentar las bases para una ver-dadera transición energética, apartada de discursos que invocan la protección de la naturaleza como un mero pretexto para la continua sangría de recursos públicos hacia ma-nos privadas.

A nadie escapa que semejante anuncio marca un punto de inflexión, tanto en el entorno europeo como en el mundial, respecto a las tendencias neoliberales que han dominado al sector energético en la mayor parte del mundo durante décadas. Es de esperar que, tal como anticipa el gobierno francés, otras naciones europeas sigan sus pasos. Debe recordarse que la indiscriminada entrega de este rubro estratégico a la codicia de las multinacionales ha traído todo tipo de quebrantos, en los que destaca el caso español: en el país ibérico, las autoridades no sólo se ven despojadas de cualquier facultad para auxiliar a su población en medio de una carestía sin precedente, sino que hasta ahora apenas ha podido tomar alguna acción contra corporaciones señaladas por conductas delictivas, como Iberdrola.

Que este giro lo emprenda una administración hasta ahora tan comprometida con el credo neoliberal, y alejada de cualquier postura estatista o de izquierda, debiera motivar a una seria reflexión a quienes –fuera intoxicados por la propaganda o porque defienden intereses inconfesables– se opusieron al intento del gobierno mexicano para consagrar en la Constitución el papel del sector eléctrico como palanca del desarrollo nacional y el fin del expolio perpetrado por un puñado de compañías al amparo de las leyes creadas a su medida durante los sexenios anteriores. Queda por ver si quienes mintieron invocando desde la libertad de mercado hasta una oportunista y vacua defensa del medio ambiente son capaces de comprender el sentido y el alcance de lo que se busca hacer en otro país, libre de las fobias ideológicas que les impiden una valoración mínimamente objetiva de lo que ocurre en el nuestro.