El país importa cada vez más maíz y cada vez más caro; se ha desatado la inflación, y la delincuencia organizada crece y se fortalece. Es una situación crítica. Ahora bien, ¿hay alguna relación entre estos tres hechos sociales? Si la hay, al menos no se perciben políticas públicas ni acciones sociales orientadas a resolverla de conjunto. Conviene, entonces, aclarar su vinculación, pues proviene de décadas, tiene una génesis histórica común, y se ve difícil resolverlas aisladamente. Veamos.
Ante la crisis económica y política que enfrentaba el país en 1988, y el cuestionamiento a su legitimidad electoral, Salinas de Gortari dio varios golpes de timón. Especialmente grave fue su intento de “modernizar” el campo, mediante una radical contra-reforma agraria. So pretexto de combatir la pobreza rural y dar seguridad jurídica a campesinos e indígenas, en diciembre de 1991 modificó el artículo 27 constitucional; la intención real era crear un mercado de tierra regido por la oferta y la demanda. Pretendía desplazar a productores “ineficientes”, y lograr una alta productividad agrícola con productores que inyectaran abundante capital y tecnología avanzada. Además, con el Tratado de Libre Comercio (TLC) y la apertura de fronteras, había que aprovechar las oportunidades de la globalización aplicando “la teoría de las ventajas comparativas en el comercio internacional” (Adam Smith), es decir, producir aquello en que el país es más eficiente, e importar lo demás, sobre todo en materia agrícola. Salinas lo aplicó al caso del maíz: “¿Para qué producirlo en México si lo podemos comprar más barato del extranjero?” Mejor producir y exportar hortalizas, e importar el maíz. Congruentemente, en la práctica se desalentó el cultivo de ese grano básico, producido mayormente en minifundios campesinos e indígenas, y se procuró que el capital ocupara las tierras e innovara cultivos con más rentabilidad. El resultado real fue doble: 1) por la falta de maíz, las comunidades rurales se debilitaron, al perder su base de sustentación y vida comunitaria, y 2) en vez de inversionistas capitalistas, irrumpieron los narcotraficantes en las tierras, y esclavizaron a los habitantes como mano de obra barata.
Los errores de Salinas fueron múltiples y las consecuencias, funestas. Un gran error fue no entender las causas de la pobreza rural y su baja productividad. Al respecto, un grupo de investigadores, en interacción con campesinos e indígenas, detectamos las causas profundas de la pobreza, y las explicamos con una comparación sencilla: la economía de campesinos e indígenas es como un barril que se esfuerzan por llenar de agua para tenerlo junto a la casa; pero, al final del día, el barril está vacío. Analizando el problema se vio que agentes externos le habían hecho cantidad de agujeros por donde le extraían el agua ―intermediarios, acaparadores, usureros, caciques, proveedores de insumos, funcionarios corruptos, entre muchos―. En términos técnicos: las relaciones de intercambio económico siempre les eran siempre desfavorables. También se vio que el agujero más perjudicial era la escasez o falta de maíz, pues por ese agujero se vaciaba totalmente el barril ―la gente del campo tenía que gastar lo que fuera por conseguir el grano―. Eso es lo que logró Salinas con sus ventajas comparativas.
De 1974 a 2004, la hipótesis de los agujeros que varían el barril se comprobó en docenas de casos y en muchas regiones del país, sobre todo en las más pobres. Efectivamente, habiendo entendido el problema, los grupos, comunidades y organizaciones campesinas e indígenas se organizaban para tapar los agujeros de su economía local, por su propia iniciativa, complementada con apoyos estratégicos externos ― crédito a la palabra, apoyos a la comercialización de productos, y al abasto de insumos y alimentos, bancos de reserva de maíz, tecnologías apropiadas, y muchos otros―. El resultado: tapados los agujeros, los barriles retenían el agua y pronto se llenaban. El buen resultado del esfuerzo fortalecía las redes sociales comunitarias; además, ya había recursos para mejorar la productividad, y quedaban excluidos agentes externos funestos, entre otros, intermediarios y narcotraficantes.
Sin embargo, si bien muchos de estos procesos locales avanzaron satisfactoria-mente, a nivel nacional tuvieron más impacto las políticas públicas adversas al maíz. Se eliminaron apoyos y se desalentó su cultivo. Debilitadas las comunidades rurales, creció con rapidez la invasión de los narcotraficantes en más y más zonas del país. Ahora bien, la siembra de estupefacientes fue la plataforma de lanzamiento de la delincuencia organizada: aumentó su poder, se expandió su presencia en múltiples regiones del país, y se multiplicaron todo tipo de actividades criminales: asesinatos, desplazamientos poblacionales, secuestros, extorsiones, desaparición de personas, fosas clandestinas, asaltos, derechos de piso, control de productos (aguacate, limón) y de rutas de comercialización, asalto a transportistas, feminicidios, asesinatos de periodistas y de adversarios políticos ―incluyendo funcionarios y candidatos no sumisos―, desafíos y ataques a las autoridades, y muchas más sin cuento. Además, aumentó la connivencia de poderes fácticos con el crimen: porosidad de aduanas en la exportación de droga e importación de armas, instituciones financieras lavando dinero, protección de autoridades civiles y militares (Cfr. Ayotzinapa).Por otra parte, el combate a la delincuencia organizada mediante las fuerzas armadas ha sido catastrófico. Calderón inició la “guerra contra el narcotráfico”, con un jefe de seguridad amafiado con los cárteles. El resultado: miles de muertes y desapariciones, proliferación de delincuentes y multiplicación de acciones delincuenciales ―sin faltar formas de cooperación de las fuerzas armadas con la delincuencia―. Además, Calderón multiplicó y expandió las concesiones mineras que devastan la tierra, sin la anuencia de sus habitantes. Las siguientes administraciones siguieron estas mismas políticas. La connivencia y la corrupción cundieron en la esfera pública y privada.
A nivel macro, por la reducción en la producción de maíz, el país ha ido perdiendo la autosuficiencia alimentaria, y ha acabado dependiendo, para el abasto de este grano básico, del comercio internacional, siempre especulativo e inseguro, y ahora escaso y caro. Primero la pandemia del COVID y luego la guerra de Rusia contra Ucrania desataron una crisis internacional de grandes proporciones: inflación, escasez y encarecimiento de alimentos y de insumos ―fertilizantes, energéticos―. Lo resienten las finanzas públicas y la población en general. En cambio, la delincuencia sigue en auge, pues creció y se fortaleció en parte gracias a las políticas públicas adversas al maíz.
En la actual administración la delincuencia organizada sigue en auge y ha adoptado una táctica de guerra de guerrillas, que golpea y desaparece ―cada vez con más intensidad y con tintes de terrorismo anómico e irracional―, en casi en cualquier región del país, en algunas con más intensidad.
Las fuerzas armadas acuden al lugar tratando de golpear desde arriba a los delincuentes, cuando éstos ya desaparecieron; si es que no en ocasiones las mismas fuerzas armadas alertan a la delincuencia sobre sus patrullajes en las zonas.
¿Qué hacer ante estos tres hechos sociales ―importación creciente de maíz, inflación, y auge en la delincuencia organizada―? Se puede intentar resolverlos aisladamente, uno a uno, como si no estuvieran relacionados. Por ejemplo, por un lado, se pueden tomar medidas para resolver la falta de maíz, suprimiendo aranceles, fomentando su cultivo en unidades medianas y grandes, subsidiando fertilizantes, estableciendo precios de garantía, seguridad de transporte. Por otro lado, tratar de controlar la inflación subsidiando los energéticos moderando los precios y otras medidas. Finalmente, se puede seguir combatiendo la delincuencia organizada y sus múltiples manifestaciones mediante una mayor presencia militar en zonas cada vez más amplias ―con resultados muy escasos―. Tres estrategias disociadas.
En cambio, transcurrida más de la mitad de su administración, el presidente López Obrador recientemente planteó fomentar el cultivo de maíz para autoconsumo en todas las comunidades rurales. Pues bien, en estos momentos sería crucial ligar esta estrategia con las demás, para lograr una carambola de tres o más bandas. Además de las medidas convencionales, con la producción de maíz por la vía campesina tradicional, se puede: 1) incrementar el abastecimiento del grano al país, 2) combatir la inflación y, sobre todo, 3) restaurar en su buen ser las comunidades rurales con la recuperación del cultivo de maíz, que es su base de sustentación económica y social. Esto último sería clave para combatir la delincuencia organizada y reducir la inseguridad. En efecto, no hay sistema de inteligencia más eficaz que una comunidad rural organizada, pues en ella todo se sabe inmediatamente: quién llega y quién sale, quién se murió, dónde cayó el rayo, quién se robó la gallina, y hasta el último detalle.
Es imposible, por ejemplo, cavar una fosa clandestina, desaparecer personas, enterrar cadáveres, merodear grupos armados, apoderarse de la tierra, de sus productos y rutas de comercialización, sin que al momento lo sepa todo el pueblo y pueda avisar de inmediato a las autoridades, de manera que éstas puedan reaccionar oportuna y preventivamente.
En este contexto, el Ejecutivo, además de fomentar el cultivo de maíz, tendría que reorientar su estrategia de seguridad y redefinir, como una de las tareas principales del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, apoyar el programa de siembra de maíz y la consecuente restauración de las comunidades rurales, protegiéndolas contra la delincuencia, que sin duda reaccionará atacándolas para impedirlo. Se instauraría así una estrategia de pinza: se atraparía a la delincuencia entre dos fuerzas: por abajo, la acción de las comunidades; por arriba, el golpe de las fuerzas armadas; pero coordinadamente. (Ya hay comunidades que con sus luchas han logrado expulsar a los delincuentes.) Desde luego, todo esto junto con otras medidas, como el combate al lavado de dinero, congelación de fondos, control de las aduanas, fortalecimiento de policías municipales y estatales, denuncias ciudadanas. Otras bandas de la carambola: reducir la pobreza rural, crear ocupación remunerada, ampliar el mercado interno, reducir la emigración, frenar el gigantismo urbano.
Se trataría de revertir procesos de muchos años, de manera que no será sencillo ni rápido. Se requeriría, además, de la confluencia de un conjunto adicional de estrategias. Una sería reorientar los programas diseñados y promovidos desde arriba, desde las dependencias, como, por ejemplo, combatir la pobreza repartiendo dinero en el campo (más bien, ese financiamiento debe ayudar a tapar agujeros del barril), y reorientar el programa “Sembrando Vida”, para que, primordialmente, fomente el cultivo orgánico de maíz en milpa ―con frijol calabaza, amaranto, quelites― e intercalando árboles frutales. Otras estrategias serían: diseñar programas que respondan más directamente a las iniciativas surgidas de las comunidades mismas, sobre todo para frenar el saqueo de sus recursos (tapar agujeros específicos), facilitar el acceso al mercado a precios justos, crédito adecuado y oportuno, la gradual eliminación de fertilizantes, insecticidas y herbicidas químicos mediante el cultivo orgánico, combate a la erosión, reservas de maíz almacenadas en las comunidades, inversión productiva de las remesas recibidas del extranjero, abasto suficiente de agua potable, obras de pequeña irrigación donde sea posible y, sobre todo, el respeto a la autonomía local y regional en su organización y en sus decisiones propias, en sus mecanismos de defensa, en sus vinculaciones con otras regiones; reconocimiento de sus usos y costumbres y de las lenguas indígenas, respaldo a las luchas contra la minería depredadora, y otras semejantes. Este conjunto de medidas fortalecería todavía más a las comunidades rurales, y les permitiría enfrentar la delincuencia organizada con más efectividad, al contar con el apoyo de las autoridades de todos los niveles y con las fuerzas armadas.
La crisis actual es peligro y oportunidad. Es peligro, porque sin maíz se va hundiendo el país, la inflación se incrementa y la inseguridad y la delincuencia siguen en auge. Es oportunidad, porque se puede lograr esa carambola de varias bandas mediante la producción de maíz vía campesina, cuyos resultados serían un mayor abasto del grano, ir controlando la inflación, restaurar las comunidades rurales, y un combate más eficaz a la delincuencia organizada. •