l tema del neoliberalismo ha sido motivo de opiniones, artículos y cartas, básicamente porque el Presidente de la República mencionó en una mañanera que no sería tan malo, quitándole el ingrediente de la corrupción; de mi parte, insisto en que la Cuarta Transformación (4T) debe poner el acento en un sistema alternativo. Sin duda, lo que el Presidente aclaró es muy cierto, sin corrupción el neoliberalismo sería más tolerable, pero no dejaría de ser motivo de debate; en todo el mundo, está ahora en tela de juicio.
Por fortuna, en México tenemos en la Constitución un proyecto alternativo al neoliberalismo, sistema en cuyo centro está la empresa privada, la cual se hace cargo de la producción y de la distribución de los bienes necesarios para la sociedad; en él, la gran empresa trasnacional se convierte en un poder fáctico a escala global, que quita y pone gobernantes, provoca conflictos y guerras, se coloca por encima de las leyes y tiene más fuerza efectiva que muchos estados nacionales.
En nuestra Constitución, en el artículo 25 actualmente vigente, hemos podido conservar las bases de un programa alternativo que hay que aplicar y perfeccionar.
Antes de 1983, el artículo 25 se refería a la correspondencia que bajo cubierta circulaba por las estafetas; esta disposición protectora se trasladó a otro artículo, el 25, y desde entonces, a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, se convirtió en el centro de lo que se ha denominado capítulo económico de la Carta Magna.
Sufrió, ciertamente, una grave mutilación, pero lo sustancial sigue vigente; empieza por definir que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático
; también reconoce la competitividad como mecanismo para el crecimiento económico y el empleo y una mejor distribución del ingreso, de la libertad y de la dignidad de las personas, grupos y clases sociales.
Más adelante, en su tercer párrafo, determina que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general.
En el párrafo siguiente, fundamental, desde mi punto de vista, dispone textualmente al desarrollo económico nacional concurrirán con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado
. Esta cita del precepto de tan alto rango, define el tema; frente al neoliberalismo que privilegia a la empresa privada, nuestra Constitución pone el acento en la responsabilidad social y destaca que, junto al sector privado, deben reconocerse los otros dos, el sector público y el sector social. Agrega también, esto es muy importante, por tratarse de una norma constitucional, que el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas señaladas en el artículo 28.
Queda bien claro que ya hay un proyecto alterno al sistema de las desigualdades y los abusos; se reconocen áreas estratégicas en las que el Estado tiene la propiedad y el manejo exclusivo. Originalmente, se comprendía entre ellas, la electricidad y los hidrocarburos, pensados por el constituyente permanente como partes esenciales del patrimonio nacional, indispensables para mantener la soberanía y herramientas para defendernos en el desigual y descarnado mundo de la globalización, en el cual, desaparece o disminuye el sentido social y prevalece una lucha feroz en la que el pez grande se come al chico.
Lamentablemente, en las llamadas reformas estructurales
al inicio del gobierno de Peña Nieto, estas dos áreas estratégicas dejaron de serlo para pasar a formar parte del sector privado de la economía.
A pesar de esta reforma, antipatriótica y contraria al interés nacional, quedó intocada la rectoría del Estado sobre todas las áreas económicas, los tres sectores, público, social y el privado. Ha sido claro el esfuerzo para recuperar electricidad y petróleo, sin descuidar la responsabilidad estatal de mantener la rectoría y fomentar sectores social y público, para equilibrar el crecimiento exagerado del poder del dinero.
Hay al respecto opiniones encontradas; lo correcto, en un sistema democrático, debe ser abrir una amplia discusión sobre el tema y, sin llegar a insultos y descalificaciones, decidir: o se fomentan áreas social y estatal de la economía, o se mantienen los privilegios del sector privado.
No puede soslayarse la motivación del primero, el privado, de carácter individualista con la mira puesta en el incremento de la ganancia de la empresa.
En las otras áreas, las que corresponden al Estado y al sector social, hay motivaciones de más elevado valor ético, sin perder de vista la necesidad del desarrollo y del crecimiento, pretenden que éste sea equitativo y sirva para dejar atrás las grandes diferencias sociales y buscar una mejor distribución de la riqueza que producimos entre todos.
