La falta de documentación que ampare gastos millonarios, los pagos improcedentes o en exceso y las transferencias de recursos a cuentas bancarias no autorizadas son las principales anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el uso de recursos federales ejercidos por estados y municipios.

En la revisión de la Cuenta Pública 2020, el organismo encontró que las administraciones locales no presentaron los documentos que justificaran 19 mil 282.9 millones de pesos, equivalentes al presupuesto del Instituto Nacional Electoral, además de que hicieron pagos improcedentes o en exceso por 5 mil 975.6 millones de pesos y transfirieron 2 mil 30.5 millones a cuentas bancarias que no estaban previstas.

Incurrieron también en irregularidades como el pago de remuneraciones indebidas o injustificadas a su personal por mil 696.1 millones de pesos, al asignar mil 350.8 millones de pesos a gasto no considerado en la ley.

La importancia del gasto federalizado, de acuerdo con la ASF, es que con estos recursos financian acciones sustantivas en educación, salud, infraestructura básica para población en pobreza y asistencia social, además de que apoyan de manera importante a los gobiernos estatales y municipales en seguridad pública y saneamiento financiero.

En total, el gasto federalizado ascendió a un billón 955 mil 684 millones de pesos, donde la ASF halló irregularidades por 39 mil 565.7 millones, que representan 65 por ciento del total de las anomalías.

En la revisión de la Cuenta Pública 2020, la mayor proporción del monto por aclarar en estados y municipios corresponde a los Acuerdos de coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social, con 33.8 por ciento del total.

Enseguida se ubican el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, con 15.5 por ciento; los subsidios para las universidades públicas estatales, con 10.2, y los apoyos a Centros de organizaciones de educación, con 9.9 por ciento, programas que concentran 69.4 por ciento del importe por aclarar que se determinó en la fiscalización del gasto federalizado programable, es decir, del que tiene un objetivo definido por la Federación.