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Activistas recriminan uso de la fuerza contra padres de normalistas
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 2 de febrero de 2022, p. 8

Acapulco, Gro., Representantes de organizaciones sociales recriminaron el uso de la fuerza del Estado para evitar que padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se manifestaran en la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol, cerca de Chilpancingo, el pasado sábado.

Consultados ayer durante el foro Por la defensa de la vida, la defensa y la justicia, efectuado en el ex Instituto de Educación Básica y Normal, señalaron que el despliegue policial no corresponde con el utilizado para erradicar verdaderos problemas de violencia e inseguridad en Guerrero.

El abogado del Centro de Defensa de Derechos Humanos Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, advirtió que el gobierno va transitando y dando pasos hacia el autoritarismo.

Indicó que le parece grave que haya acciones que restrinjan la libertad de expresión, la libertad de reunión, de asociación, el derecho de protestar, de manifestar una inconformidad”.

Consideró atinado el comunicado que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos difundió el 30 de enero, en el que condenó los actos de intimidación y censura cometidos contra familiares de los estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, y solicitó a las autoridades federales y estatales garantizar su derecho a la manifestación pacífica.

Rosales puntualizó que “en el tema de la caseta, con una ligereza muy superficial se ha dispuesto del uso de la fuerza pública para evitar que los padres puedan tomarla”.

En tanto, el Comité de Padres y Madres de los 43 puntualizó que “cada fin de mes mediante esta forma de protesta expresamos nuestra exigencia legítima de que nuestros hijos sean presentados con vida, difundimos información a la población que pasa por la vía pública acerca de los pocos avances de la investigación.

No se causa daño a terceras personas, puesto que no se altera la libre circulación de los transeúntes o turistas que viajan a Acapulco, no se pone en riesgo la vida de las personas ni se genera violencia con nuestro acto de protesta, ¿por qué entonces cancelar y restringir estas prerrogativas?, concluyó.