Fotos: ALDEA-Daniel Islas

Aldea: los pueblos como guardianes del territorio

El momento histórico que vivimos en México, y la realidad de la vida cotidiana de los pueblos y comunidades, nos dejan ver que la condición de Nación Pluricultural, consagrada en nuestra Constitución, sigue siendo una quimera, gracias a que las políticas y leyes vigentes continúan excluyendo a los pueblos y lacerando sus derechos fundamentales. Y así, desde lo propio, nace la decisión de salvaguardar un territorio, unas tierras comunales, bajo la lógica amplia de ser guardianes del territorio. Desde los autogobiernos, la mirada se vuelca en el intento de equilibrio de la colectividad y los recursos naturales, por lo que se contrapone de manera natural a la dinámica de despojo extractivista del neoliberalismo. Recordemos que el neoliberalismo es un sistema económico que busca generar la mayor ganancia en el menor tiempo y con el menor esfuerzo posible. Necesita ocupar los territorios de los pueblos para satisfacer esa necesidad.

Esta ocupación no es solo simbólica. Es una consecuencia lógica de la tendencia global de ver a los pueblos como una mercancía, lo cual tiene efectos e implicaciones terriblemente concretas y cotidianas para ese sector de la sociedad compuesto por mujeres, niñas y niños; por jóvenes y hombres que habitan dichos territorios, para quienes las afectaciones derivadas de nuestro sistema económico y político no son un discurso, sino una realidad opresora: el despojo y un entramado de procesos para la extracción de recursos que, de un modo u otro, terminan pasando, a todas las poblaciones que habitan dichos territorios, la factura de las consecuencias en términos sociales, culturales y económicos.

Las figuras del Ejido y la Comunidad son legados históricos de las luchas que se han dado para conseguirlos: la Independencia y la Revolución. Si bien es preciso enfatizar que México es uno de los pocos países que reconocen la tenencia social de la tierra, el constante interés por privatizar esta construcción social del territorio por parte de gobiernos de todos los signos políticos, a través de entidades del Estado, o de organismos privados, es una amenaza al modo de vida de los pueblos y comunidades. Por eso hoy más que nunca es fundamental el Derecho a la Libre Determinación de los Pueblos, mismo que debe expresarse en el reconocimiento constitucional a la capacidad de organización y gobierno propios de las comunidades.

Una manera muy clara de poner la discusión sobre la mesa, es documentar que ese despojo, ese ataque a los ecosistemas y a las formas propias de vida de los pueblos deriva en graves violaciones a los derechos humanos, como el desplazamiento forzado o el genocidio; en fenómenos excluyentes como el ataque sistemático a las lenguas originarias, a sus modos de vida, a la diversidad. Todo ello refleja nítidamente la incomprensión a la madre tierra. Es la evidencia de que el modelo de desarrollo del Estado Nación ha producido efectos adversos a las lógicas comunitarias de los pueblos.

A pesar de que, en los hechos, los pueblos siguen construyendo su autonomía a través del autogobierno, la aplicación de los sistemas normativos propios y el respeto a la integridad de sus territorios, vemos día con día a gobiernos, empresas, así como al crimen organizado, atentar contra las estructuras tradicionales de toma de decisión.

Esto ha obligado a la conformación de la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA), donde pueblos, comunidades y organizaciones indígenas y campesinas de más de 10 estados de la República, pertenecientes a las etnias Tzotzil, Tzeltal, Lacandona, Tenek, Nahua, Maya, Hnahñu, Purepecha, Na Savi, Tepecano, Wixarika, Zapoteca, Yaqui, Mixe y Me´Phaa, en articulación con organizaciones civiles, impulsan diversas iniciativas en favor de la Libre Determinación de los Pueblos.

La ruptura del tejido comunitario persiste latente en el ataque y criminalización a comunidades, organizaciones y defensores/as indígenas. La credibilidad del compromiso oficial con la protección a las colectividades y personas defensoras que conforman y construyen desde los pueblos y comunidades, se expresa con claridad, por ejemplo, en el creciente enrarecimiento del entorno de la investigación sobre el homicidio del defensor de derechos humanos, Samir Flores.

Por todo esto, se hace necesaria la reforma constitucional que pueda garantizar el reconocimiento pleno al ejercicio de la libre determinación para los pueblos. Por eso ALDEA lucha por posicionar los puntos clave que enmarcan la seguridad del ejercicio de la libre determinación y autonomía. •