"La Jornada del Campo"
Número 170 Suplemento Informativo de La Jornada Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver
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Bety Cariño. Archivo de CACTUS A.C.Bety Cariño.Archivo de CACTUS A.C.

500 años de invasión,territorio autónomo triqui y Bety Cariño

Omar Esparza Coordinador de MAIZ

Este año se cumplieron 500 años de la caída de México-Tenochtitlán a manos de los españoles, y 529 años del inicio de la resistencia indígena desde la llegada de Cristóbal Colón a este continente. Rebeliones aún vivas y vigentes: tal es el caso de las luchas en territorio triqui, en Oaxaca, pueblo que se resiste a ser dominado desde una visión eurocéntrica. Desde la Colonia, los triquis han sido despojados de sus tierras y recursos naturales. Sus reivindicaciones van de lo cultural a lo político en diferentes estampas, pero la gran afrenta contra el poder del Estado, fue la declaración de independencia del Municipio Autónomo de San Juan Copala en 2007, misma que se negó a obedecer las prácticas verticales de control social, que nació en el centro ceremonial del pueblo triqui. La autonomía continúa siendo una propuesta vigente para recuperar los territorios perdidos. La declaración del Municipio Autónomo San Juan Copala (MASJC) desencadenó una violencia tal que hasta el momento se sufren las consecuencias. A diferencia de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas en Chiapas, San Juan Copala sufre el más terrible abandono.

Cabe recordar que San Juan Copala era municipio independiente desde 1926 hasta su anexión al municipio de Juxtlahuaca, en 1948. Desde entonces, grupos paramilitares del Partido Revolucionario Institucional han peleado por el control de la zona, a partir de una política de terror que no cesa. Las matanzas entre triquis han sido aprovechadas, avaladas y controladas por los grupos de poder de Oaxaca.

Han pasado ya 14 años de la iniciativa de autonomía, de la cual resultó el asesinato de líderes como Heriberto Pazos y Timoteo Alejandro, desapariciones sin resolver como el de Virginia y Daniela, el asesinato de las locutoras Teresa y Felícitas, el desplazamiento forzado de muchos pobladores de San Juan, San Miguel Copala y Tierra Blanca, que han sido víctimas de amenazas e intimidaciones. En la actualidad, otra vez se ha logrado dividir a los triquis, provocando enfrentamientos entre ellos. Aunque en este tiempo han habido varias oportunidades para alcanzar la paz, la injusticia y la impunidad han logrado prevalecer a través de prácticas oscuras de la vieja maquinaria del poder: iniciativas económicas y planes de desarrollo indigenista que nunca se concretan; compra de dirigentes y acuerdos fuera de la mesa de negociaciones, donde se impone la ley del más fuerte; ineficiencia y corrupción de fiscales de papel que están al servicio de otros intereses; así como la descomposición de instituciones que deberían garantizar la justicia, pero sirven al pacto de impunidad y a la persecución política.

El pueblo triqui sigue siendo mancillado en todos los espacios, incluso a través del olvido, tanto desde la sociedad civil como desde las instancias de gobierno estatal y federal. Por ejemplo, la Secretaría de Gobernación, juega a administrar el conflicto al trasladarlo hacia el interior de las comunidades, cuando la repuesta para resolverlo va más allá de cuestiones económicas, de falsas buenas intenciones. La realidad es más cruenta, pues se profundiza en esta cultura de violencia permanente. Los distintos niveles de gobierno no tienen interés en resolver esta problemática, todo lo contrario, tienen interés de seguir sometiendo a los pueblos para continuar con el conflicto, negociando y hurtando los recursos de las comunidades.

Uno de los casos más dolorosos fue el asesinato de Bety Cariño. No puede hablarse ya de San Juan Copala sin ella, activista campesina, feminista, mixteca, muerta en la caravana humanitaria que osó acercarse a la entrada de San Juan Copala, junto al observador internacional de derechos humanos Jyry Jaakkola. Desde la llegada de Alejandro Murat, hace cinco años como gobernador de Oaxaca, hasta el día de hoy, ni un solo fiscal se ha dignado a atender las peticiones de audiencia para hablar del caso, para exigir justicia. Ya han salido de la cárcel tres de los asesinos que atacaron la caravana, como Rufino Juárez, que es una encarnación de la impunidad. Ni toda la presión internacional logró llevarlos a juicio; la voluntad política del Estado fue liberarlo. Este delincuente hoy se pasea con cinismo por Oaxaca y litiga como defensor de presos indígenas, sin haber pagado su crimen.

Es claro que la justicia no va a devolver a los muertos, pero es el inicio para lograr la paz que se añora en los pueblos y en las familias; es el punto de partida para reconstituir la casa y restituir el tejido social tan lastimado, misión que resulta compleja, pues el abuso de estos 500 años no ha terminado.

Es necesario que las partes en conflicto expresen su voluntad política para establecer las condiciones mínimas para abrir un espacio al diálogo. Una tregua es una de esas condiciones, un acuerdo de distensión y de no agresiones podría ser, si existe la voluntad. No será posible sin que se les acompañe y ayude a [email protected] [email protected] triquis a construir un diálogo franco, como intermediarios de paz, abandonar la idea que sólo entre ellos podrán resolver sus diferencias.

Es urgente que la juventud triqui de una oportunidad a la paz, poniéndose en el zapato del [email protected], sin buscar venganzas ni resentimientos, y nazca con ellos el fin del conflicto y la unidad de todos los pueblos. No es nada fácil ni simple como resumir en un papel estas ideas, pero por algo hay que empezar. •

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