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SCJN ordena al gobierno de Jalisco no usar 140 mdp
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 13 de noviembre de 2021, p. 30

Guadalajara, Jal., La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió a la Universidad de Guadalajara (UdeG) una suspensión provisional para que no sean usados los 140 millones de pesos que el gobierno de Jalisco ha querido reasignar del presupuesto universitario destinado al Museo de Ciencias a la construcción del Hospital Civil de Tonalá, hasta que se resuelva de fondo una controversia constitucional interpuesta por la institución educativa.

En la sección de trámite de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad de la SCJN se señala que será en la sentencia definitiva que en su oportunidad se dicte, la que determinará la procedencia o no del pago (a la UdeG), por lo cual, aunque no existe orden para revertir la reasignación de los recursos, se establece también que ese monto no podrá ser usado para otro propósito hasta la resolución final.

El rector Ricardo Villanueva se dijo contento porque eso garantiza que el recurso no será utilizado para otro asunto que no sea el originalmente presupuestado.

“Si el gobernador insiste en utilizar dichos recursos estaría cayendo en desacato ante el ordenamiento de la Corte, lo cual podría tener ‘trascendencia penal’ el próximo año”, agregó. Pero el mandatario Enrique Alfaro señaló que al ser sólo de carácter provisional, la suspensión obtenida por la UdeG –la cual en un primer momento negó– no implica un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, por lo cual la reasignación de 140 millones de pesos para la construcción del hospital “sigue vigente y las obras seguirán.

Dichos recursos ya fueron licitados y comprometidos para las obras del hospital que, por cierto, administra la propia UdeG, por lo que ya son hechos consumados y no deben restituirse ante esta determinación, agregó.

En un comunicado posterior, el gobierno estatal afirmó que no es adecuada la admisión de la controversia y que por ello presentará un recurso de reclamación contra la misma para que el pleno de la Corte conozca y se pronuncie sobre su legalidad.