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La CNDH recomienda garantizar el derecho al trabajo digno de los reos
 
Periódico La Jornada
Jueves 11 de noviembre de 2021, p. 12

A fin de garantizar el derecho al trabajo digno de las personas privadas de la libertad en los diferentes centros penitenciarios, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la recomendación general 44/2021 a los gobernadores de los estados y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, así como a las secretarías de Gobernación, Seguridad y Protección Ciudadana, del Trabajo y Previsión Social, al igual que al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

De acuerdo con los datos recabados en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de 2018, de la CNDH, en 15 centros federales concurría la carencia de actividades laborales y en 84 por ciento de 165 centros estatales había limitantes para que las personas en reclusión tuvieran acceso al trabajo.

La CNDH agregó que a partir de diversas solicitudes de información dirigidas, durante octubre y noviembre del año pasado, a los sistemas penitenciarios estatales y al OADPRS, advirtió que a escala nacional, 18 mil 635 personas privadas de la libertad reciben un salario a cuenta de terceros por el trabajo realizado; de ellas, 17 mil 362 son hombres y mil 273 son mujeres.

Por otra parte, 43 mil 930 no perciben salario y más de 93 mil ejercen el autoempleo dentro de las cárceles en labores de tejido, carpintería, talabartería, elaboración de artesanías, dibujo, pintura, bisutería y lavandería, entre otras.

Limitaciones de equipamiento

Recordó que en su recomendación general 38/2019 refirió que en el sistema penitenciario existe bajo impulso a las actividades laborales enfocadas a los ramos industriales o de producción en serie.

La instancia de derechos humanos añadió que las limitaciones y deficiencias en cuanto a infraestructura y equipamiento en diferentes instalaciones penitenciarias del país han contribuido a que ocurran violaciones sistemáticas a los derechos humanos y que durante años no se cumpla con el propósito de la imposición de penas y medidas privativas de libertad, aumentando así las posibilidades de reincidencia y el incremento de los índices de delincuencia.