La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechará la controversia constitucional promovida por el gobierno del estado de México en contra de los resultados de una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que llevaron a la reducción de 4 mil 328 millones anuales en sus participaciones federales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador había solicitado al máximo tribunal dar atención prioritaria a este tema, petición que ahora quedará sin efectos.

El gobierno mexiquense ya había obtenido una suspensión de la SCJN, que obligó a las autoridades hacendarias a entregarle sus participaciones federales sin reducciones, lo que impactó en el reparto a otras entidades e hizo que la Ciudad de México también acudiera al máximo tribunal del país. Esta suspensión también quedará sin efectos.

La segunda sala de la Corte votó el miércoles dos recursos de reclamación presentados tanto por el Inegi como por el Poder Ejecutivo Federal, con el argumento de que la controversia del gobierno mexiquense es extemporánea y por tanto debería desecharse.

El ministro ponente en este asunto, Javier Laynez Potisek, proponía desechar las reclamaciones y continuar con el juicio constitucional; sin embargo, su planteamiento fue rechazado por tres de los cinco ministros de la sala.

El asunto ahora fue encomendado al ministro Alberto Pérez Dayán, quien deberá hacer un nuevo proyecto de resolución en el sentido de la mayoría, es decir, aceptando el recurso de reclamación y desechando la controversia promovida por el estado de México. El nuevo proyecto será presentado y aprobado por la mayoría constituida por los tres ministros que rechazaron la propuesta de Laynez Potisek.

El tema, sin embargo, no está cerrado, pues existe la controversia constitucional 167/2021, promovida por el gobierno de Baja California a inicios de este mes, la cual también combate los resultados del censo del Inegi, que le han ocasionado una baja de 129.5 millones de pesos en las participaciones federales que recibe cada cuatrimestre.