Surcando megaproyectos, entre eólicos, solares y un tren: la defensa territorial en la región biocultural de Yucatán
La Península de Yucatán: un territorio biocultural amenazado por varios megaproyectos
La Península de Yucatán es una región reconocida como un territorio biocultural; es decir, se caracteriza por la gran biodiversidad de sus ecosistemas, íntimamente interrelacionados a las culturas locales, entre las cuales destaca el pueblo maya, una cultura milenaria, viva hasta nuestros días. La población maya yucateca mantiene tradiciones y saberes que salvaguardan la biodiversidad de los territorios como la milpa, la construcción vernácula y el respeto al “monte”. Aunque el INEGI señala que el 54 % de la población peninsular se autoadscribe como indígena, existen otros grupos poblacionales con un arraigo importante que también ha generado conocimientos y prácticas tradicionales que han sostenido el territorio. Sin embargo, a todas estas poblaciones locales se les ha dejado al margen de decisiones sobre sus territorios, violando su derecho a la libre determinación, el cual no sólo implica participar en la toma de decisiones, sino también proponer y desarrollar sus propias formas de organización y visiones de futuro. Esta violación y discriminación sistemática, se ha exacerbado en años recientes en Yucatán, debido a múltiples megaproyectos en la zona, entre los que destacan los proyectos energéticos (gasoductos, parques eólicos y solares, plantas eléctricas con combustibles fósiles), el “tsunami” inmobiliario, las granjas avícolas y porcinas, los monocultivos extensivos, el turismo masivo, un estadio "sostenible"* y un nuevo aeropuerto en Mérida, así como el emblemático proyecto federal, mal llamado Tren Maya (TM).
Paradójicamente, cada vez se hace más evidente el reconocimiento internacional sobre la importancia de los pueblos originarios en la conservación de los ecosistemas y en la lucha global contra el cambio climático. México, un país con gran biodiversidad y 68 culturas indígenas, ha participado activamente en tratados internacionales sobre estos importantes reconocimientos. Sin embargo, en la práctica, las políticas públicas aún permiten discriminación y violencia hacia las poblaciones originarias. Global Witness reportó en 2019 que México es el sexto país del mundo con más asesinatos a defensores ambientales, varios de ellos indígenas. Y sabemos que el asesinato es la punta de una pirámide de violencias de distinto grado que sufre una población; recientemente se ha utilizado el término de “violencia lenta”, en referencia a todas las agresiones que pueden sufrir las personas antes de llegar a una consecuencia mortal.
Actualmente se identifican 30 megaproyectos energéticos en Yucatán y 10 más entre los estados de Campeche y Quintana Roo, de los cuales cinco ya operan en Yucatán (dos parques fotovoltaicos y tres eólicos). “Más recientemente, el gobierno federal ha propuesto nuevos gasoductos y tres plantas de generación eléctrica con combustibles fósiles, dos en Yucatán y otra en Quintana Roo, además de nuevos parques fotovoltaicosasociados al TM.” El TM se refiere a un proyecto que, más allá de la infraestructura ferroviaria, representa un proceso de reordenamiento del sur sureste de México, con nuevos desarrollos habitacionales y turísticos, que conectando con el megaproyecto del corredor transístmico, buscaría en términos geopolíticos acortar las rutas de transporte y comercio de mercancías, entre las principales economías del mundo. Todo esto, sin un análisis adecuado de las capacidades de carga del territorio y en detrimento de las formas de vida tradicional.
Surcando megaproyectos y empujando la construcción de futuros de desarrollo alternos
En este contexto, y a raíz de la primera subasta energética en Yucatán en 2016, con la participación de académicos, organizaciones de la sociedad civil y población maya, incluyendo las comunidades afectadas por diversos megaproyectos, el colectivo Articulación Yucatán se ha encargado de reunir información técnica y científica, sistematizarla, analizarla y difundirla, procurando el acompañamiento a comunidades locales y buscando la interlocución con las autoridades locales y federales hacia el cumplimiento de su deber de Estado en la protección de la biodiversidad y desarrollo de la región, de modo sostenible y en apego a los derechos de la cultura local. Se ha demandado el cumplimiento de una Evaluación Ambiental Estratégica, un proceso de apoyo en el diseño de política pública, enfocado en la construcción de una visión de desarrollo futuro y en las vías para alcanzarlo. Este enfoque estratégico debe partir desde los intereses y valores locales, del reconocimiento e integración del conocimiento y deseos de sus pobladores, bajo una perspectiva intercultural y de justicia socio ambiental, lo cual tiene una inminente conexión con la libre determinación de los pueblos indígenas.
Dicho trabajo ha convergido con la preocupación, esfuerzo y trabajo solidario de diversas organizaciones de base, colectivos y ciudadanos, comprometidos a visibilizar y atender problemas de justicia ambiental y de defensa territorial, como el caso del despojo de tierras, la contaminación del manto acuífero por granjas porcinas, la expansión de cultivos de soya, etc. En conjunto, se ha apostado al fortalecimiento y a la recuperación de la identidad maya, de su cultura, su lengua, como estrategia de lucha y defensa de su territorio y espacio de vida, destacando en este sentido, el trabajo de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal, entre otros más.
Ahora, más que nunca, es evidente la urgencia de fortalecer la gobernanza local, impulsando verdaderos espacios para visiones alternativas de futuro, que procuren el cuidado y la conservación del territorio que habitamos, que reivindiquen la libre determinación de los pueblos originarios, y que fortalezcan una amplia, efectiva y responsable participación local en la toma de decisiones. Sólo así haremos frente a la crisis global que nos llama a actuar de manera urgente. •