o es muy fácil denominar estos tiempos que vive Colombia desde ese momento: no se sabe si es la nueva guerra o la guerra vieja. En 2021, según Indepaz, se ha asesinado a 163 líderes indígenas, cívicos, comunales y campesinos, y ex combatientes, algo así como una persona cada dos días sólo en este año.

El cumplimiento de los acuerdos de paz ha sido fundamental para la creación de las instancias transicionales como el Sistema de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición, más cercanos a la burocracia urbana que le apuesta a la paz, pero la implementación ha quedado a deber a la transformación de las condiciones de vida de los miles de campesinos, afrocolombianos, ex combatientes y víctimas del conflicto en las áreas rurales.

Por poner un ejemplo, el propio presidente Juan Manuel Santos pasó por encima de los acuerdos con los campesinos cocaleros por la sustitución cuando refrendó la resolución que daba pie a la erradicación forzada, una de las consecuencias de esto fue la llamada Masacre de El Tandil el 5 de octubre de 2017 cuando la policía nacional y el ejército atentaron indiscriminadamente contra la vida de campesinos que estaban defendiendo sus cocales en Nariño –sur del país– matando, hasta donde se sabe, a ocho personas. Como ocurría durante el conflicto armado, este caso pasó –por recomendación de la Procuraduría General de la Nación– a la Justicia Penal Militar, donde hasta ahora sólo se ha reflejado una total impunidad.

La llegada al poder de Iván Duque (2018-2022) fue la realización de la profecía del uribismo en el país: vamos a hacer trizas la paz. En una implementación que ya arrastraba fallas y falta de voluntad, se sumó su completo desmonte. En noviembre de 2019, un líder del Putumayo me comentó que ya no había oficina del programa de sustitución en esta zona, una de las regiones claves del cultivo de coca. Los acuerdos de La Habana se sustituyeron por el eufemismo de Paz con Legalidad, en una nación donde la legalidad ha sido la guerra.

La reaparición de actores armados es un hecho; hay un sector de las FARC que durante la negociación no entregó las armas y otro que –compuesto por el equipo negociador– que no aceptó lo acordado y que fue sitiado por amenazas y presiones, como el intento de extradición de uno de sus integrantes o la alarma de un ataque a uno de los poblados guerrilleros desde donde trabajaban en la implementación.

El Ministerio de Defensa no redujo su capacidad de guerra; actualmente ataca a campesinos con operaciones militares aplastantes, lanza bombardeos desproporcionados aún para comandantes guerrilleros, en los que incluso son asesinados niños o en los que no hay claridad sobre qué ocurre con los cuerpos de los cabecillas que se anuncian muertos en combate, pero es declarada su defunción días después en hospitales. Además, quiere volver a asperjar con glifosato.

Los grupos paramilitares y ejércitos privados de traficantes nunca fueron desmontados. Todos los combates y enfrentamientos entre estos grupos –en los que el ejército colombiano parece ser un observador y contento promotor– nos llegan en forma de videos que nos muestran una guerra que se libra entre cocales.

Unas voces declaran el fin del conflicto armado y la aparición de una violencia de diversas bandas criminales y de narcos; no hay amenaza al Estado, no existe ideología, no hay pretensión de toma del poder porque son grupos fragmentados que sólo pelean por rentas; su desmantelamiento se debe lograr a costa de todo, aun de volver a incendiar la nación, en desme-dro del cumplimiento de los acuerdos de paz.

Disonante con la canción de Bello amanecer, en la conmemoración de los cinco años de la firma de los Acuerdos de Paz en Colombia, los falsos cantos de sirenas que llaman a narcotizar toda la comprensión del presente legitiman el “todo vale“ de las fuerzas armadas; usar las mismas estrategias de siempre y pretenden esconder que la despolitización del debate del presente es la gasolina de la violencia. Hace 60 años este país vivió el mismo dilema y nos enseña que hoy más que nunca, la pelea y la salida al nuevo ciclo de violencia es política y está en las raíces de la defensa de la vida, de la acción y la organización popular, social, campesina, étnica, actualmente emboscada por la acción represiva y la perfidia estatal.

* Doctora en sociología, investigadora del Centro de Pensamiento de la Amazonia Colombiana, AlaOrillaDelRío. Su último libro es Levantados de la selva