Ser trabajadora o trabajador agrícola “esencial” en tiempos de pandemia

A nivel global enfrentamos, desde el 2020, una realidad dramática generada por el virus SARS-CoV-2 (coronavirus o COVID-19), por lo que los gobiernos han tomado diversas acciones para mitigar la pandemia por COVID-19. En México las autoridades federales emitieron la declaratoria de Emergencia Sanitaria anunciada por el Consejo de Salubridad General (Decreto del 31 de marzo de 2020), en donde se acordaron medidas extraordinarias en todo el territorio nacional.

En el decreto se clasificaron las actividades denominadas esenciales, como la producción agrícola (artículo primero, inciso c) por ser vital para el funcionamiento de la economía mexicana, abarcando toda la cadena de producción, incluyendo a las y los trabajadores agrícolas. Fue así, que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social diseñó la “Guía de acción para los centros de trabajo agrícola ante el COVID-19”, que describe una serie de lineamientos para que los empleadores (agricultores) tomaran las medidas para garantizar la protección a la salud de las personas jornaleras que estuvieran trabajando en sus centros de trabajo. A esta acción se sumaron algunos organismos internacionales, autoridades estatales y empresas agrícolas que diseñaron diversos protocolos para proteger la salud de la población jornalera.

Frente a este escenario de pandemia, la producción agrícola no paró, así lo señaló la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en febrero de 2021, en una reunión virtual con integrantes de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos. Destacó que el comercio agroalimentario bilateral entre México y Estados Unidos se situó en 51,872 millones de dólares durante el 2020, y precisó que los productos nacionales que tuvieron mayor demanda en el mercado estadounidense fueron las frutas, con una participación en las ventas del 24%, seguido de las hortalizas con un 23%. Es decir, que en el rubro agrícola se espera una producción de 264.7 millones de toneladas para el cierre del 2021, un 0.3% superior a las 263.9 millones de toneladas de 2020 (Comunicado de prensa, SADER, 02 de mayo de 2021).

Esta producción se debe, en buena medida, al trabajo que han realizado desde el inicio de la pandemia, más de 5 millones de trabajadores y trabajadoras agrícolas, como lo reconoció la SADER en febrero de 2021. Sin embargo, más allá de estas cifras macroeconómicas y del reconocimiento de su trabajo como esencial, no se cuenta con una base sólida de información oficial que confirme el número de jornaleros y jornaleras que se vieron afectadas por la COVID-19, así como el número de casos que fueron atendidos, los controles sanitarios que se implementaron para contener los brotes que se dieron en algunos campos agrícolas, la cifra de decesos, y el número de personas jornaleras que han sido vacunadas.

En contraste, la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, reportó que entre junio y julio de 2020 se registraron 11 casos positivos en Sonora; en Delicias, Chihuahua un jornalero falleció, y en Meoqui se registraron 27 casos en un albergue; mientras que en Fresnillo, Zacatecas una mujer jornalera falleció; en Vizcaíno, Baja California Sur se reportaron algunos brotes de contagio; y las autoridades de Zacatecas reportaban que alrededor de tres mil jornaleros procedentes de Guerrero, Michoacán, Nayarit y Sinaloa se encontraban en alto riesgo de infección debido al hacinamiento en el que viven concentrados en bodegas, en grupos de entre 40 y 60 personas, incluso de familias completas (SinEmbargo, 08 julio 2020).

Esta realidad ha persistido durante el 2021, debido a que sus condiciones de traslado, laborales y de vida en los albergues y lugares de pernocta o de asentamiento de trabajo agrícola (así como en sus lugares de origen) exponen a la población jornalera a contraer el virus, los servicios de salud pública por falta de recursos humanos y materiales han sido insuficientes o limitados, y el acceso a la atención médica no ha sido una garantía ante la falta de seguridad social. Lo anterior se suma a la nula o escasa implementación de protocolos de prevención y atención que partan del contexto multicultural, lingüístico, social y laboral de este sector de la población.

Las mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas jornaleras con discapacidad, especialmente de contextos rurales e indígenas, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad frente a la pandemia, pues experimentan diversas formas de exclusión y discriminación al estar insertos en los contextos del trabajo agrícola. Por todo ello, hay grandes obstáculos para que las y los trabajadores agrícolas y sus familias accedan a sus derechos, a pesar de que han sido considerados integrantes de un sector esencial, situación que se invisibiliza debido a un proceso arraigado de explotación laboral, que se ha agravado ahora por la COVID-19. •