Los jueces primero y segundo de distrito en materia administrativa, especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro, respectivamente, han otorgado 466 suspensiones a particulares y empresas privadas que frenan el registro de datos personales y biométricos en el nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), así como la Ley de Hidrocarburos.

Algunos de los juicios se turnaron a tribunales colegiados para que resuelvan si confirman o revocan las resoluciones de los togados; sin embargo, como se trata de asuntos de constitucionalidad, los casos podrían llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).Este viernes, se otorgaron 10 nuevos recursos contra la Ley de Hidrocarburos. Con éstas, suman 65 suspensiones provisionales y definitivas que los dos juzgados especializados en esta materia han emitido en favor de diversas compañías.

Asimismo, desde abril, los mismos impartidores de justicia, De la Peza y Gómez Fierro, han concedido recursos contra la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y otorgaron 401 suspensiones provisionales, de ellas 219 definitivas, contra el registro de datos biométricos.

Con las medidas cautelares concedidas, los quejosos pueden no registrar su línea telefónica móvil en el Panaut sin que ésta se les cancele.

El nuevo padrón de telefonía obliga a los 122 millones de usuarios de celulares a darse de alta y registrar sus datos biométricos; es decir, huella dactilar y reconocimiento facial, así como del iris de los ojos, de lo contrario se les cancelará la línea y serán multados.

El Panaut contendrá, sobre cada línea telefónica móvil, fecha y hora de la activación de la línea en la tarjeta SIM y nombre completo. En sus resoluciones, Gómez Fierro argumenta que por sí mismo el Panaut no tiene como finalidad constituir un beneficio directo e inmediato para la colectividad; su implementación no traerá como consecuencia inmediata y necesaria, la disminución de la incidencia delictiva. Si la finalidad es que exista una base de datos para el intercambio de información entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones y las autoridades en materia de seguridad y justicia, en asuntos relacionados con la comisión de delitos, ello no quiere decir, que la sola vigencia de la norma provocará, en automático, la disminución de los delitos.