Caracas. El gobierno del presidente Nicolás Maduro anunció ayer un incremento del salario mínimo mensual del país en momentos en que la mayoría de los venezolanos no tienen la capacidad de satisfacer todas las necesidades básicas de alimentación.

El salario mínimo mensual se elevará a 7 millones de bolívares (unos 2.47 dólares al tipo de cambio oficial), que sumado a un bono de alimentación de 3 millones de bolívares incrementará la remuneración mínima legal a 10 millones de bolívares (3.54 dólares), explicó el ministro del Trabajo, Germán Eduardo Piñate, en un acto con motivo del Día del Trabajo.

El alza representa 1.12 dólares menos en comparación con el monto anunciado el 1º de mayo de 2020, que ubicó la remuneración mínima mensual en 4.66 dólares al mes al tipo de cambio de entonces.

Pese al aumento, el salario mínimo de Venezuela sigue siendo el más bajo de la región y es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de la mayoría de sus pobladores, quienes tienen una dieta deficiente, de acuerdo con cifras del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA).

El aumento se produce días después de que la administración de Maduro y el PMA suscribieron un memorando de entendimiento por el cual el organismo internacional comenzará una operación humanitaria en Venezuela, enfocada en los niños con dieta deficiente.

Venezuela cursa su sexto año en recesión y su población es azotada por el alto costo de los alimentos, bajos salarios en bolívares y precios fijados en dólares. A ese escenario se suma una alta inflación de cuatro dígitos que condena a millones a vivir en pobreza.

El Ministerio Público de Venezuela consignó un nuevo informe ante la Corte Penal Internacional (CPI) para aportar datos del Estado sobre las investigaciones que realiza ese organismo relacionadas con denuncias sobre violaciones de derechos humanos en esa nación suramericana, informó ayer el fiscal general, Tarek William Saab.

El fiscal recordó que en una primera aportación de información, entregada el 30 de noviembre de 2020, el Estado venezolano contestó debidamente al cuestionario de la fiscalía de la CPI, al informar sobre la situación procesal de los casos requeridos, tanto en la jurisdicción civil como en la militar.

Sin embargo, sostuvo que falta transparencia en el proceso de la fiscalía de la CPI en la tramitación del examen preliminar en el que se encuentra Venezuela. Saab exigió a la CPI que se pronuncie sobre los informes que ha presentado su país.

En tanto, agentes involucrados en actos de violación de derechos humanos que son analizados por la CPI recibieron penas de seis a 30 años de cárcel, indicaron fuentes familiarizadas con los casos.

Las condenas se conocen poco después que Saab informó sobre imputaciones a efectivos involucrados en dichos ilícitos, como parte de un informe actualizado enviado a la CPI el viernes 30 de abril.

En estos tres años y ocho meses hemos imputado a 716 funcionarios de seguridad del Estado y 40 civiles por presuntas vulneraciones a los derechos humanos. Asimismo, fueron aprehendidos un total de 540 funcionarios de distintos organismos y 31 particulares, señaló en una rueda de prensa.

Los venezolanos celebraron el viernes la beatificación de José Gregorio Hernández, conocido como el médico de los pobres.

En junio de 2020, el papa Francisco elevó a beato, un paso antes de la santidad, a Hernández, proceso que ahora se completa con la ceremonia que encabezó el nuncio apostólico, Aldo Giordano, y los más altos representantes de la Iglesia católica de Venezuela.