Implicaciones de los tratados de libre comercio para campesinos
¿Qué son los tratados de libre comercio e inversión? Antes de entrar a nuestro tema específico es importante aclarar que los Tratados de Libre Comercio (en adelante TLC) no son solamente para facilitar la entrada y salida de mercancías entre los países miembros.
El “Libre Comercio” es una teoría económica que plantea que hay que dejar toda la dinámica económica a la oferta y demanda, es decir a la ley del más fuerte. Hay que tener en cuenta que la competencia puede propiciar eficiencia productiva, pero no los derechos sociales, laborales, ambientales y de género que dejan de ser derechos si están sujetos al interés mercantil de maximizar la ganancia empresarial.
Esto lleva a disminuir el papel del Estado en la economía y su capacidad de regular. En los tratados de comercio se plantea que cualquier ley o regulación que pueda implicar disminución de los derechos adquiridos con los TLC pude ser impugnada.
Los TLC nacen para consolidar e impedir que los gobiernos rompan con el modelo neoliberal. Incluso un exdirector de la Organización Mundial de Comercio (OMC) llegó a decir que dichos tratados son una especie de constitución mundial de los derechos del capital, es decir, de los inversionistas. Además, estos tratados tienen mecanismos efectivos para hacerse valer ya que las controversias no se resuelven en tribunales nacionales, ni según nuestras leyes; sino en tribunales de arbitraje internacional según el texto del tratado y el derecho internacional consuetudinario.
De 1996 a 2019 México ha recibido 33 demandas de inversionistas extranjeros por una suma de más de 9,000 millones de dólares. Entre ellas, cuatro en el sector agropecuario, seis en materia de agua, que afecta a la agricultura y tres de mineras que indirectamente afectan a la agricultura también. Hay que destacar que los casos pendientes de resolución se resolverán en los términos del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y no del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Baste lo anterior para ilustrar que los TLC no son solamente de comercio, sino que incluyen muchos otros capítulos que afectan al campo y a los campesinos (en la jornada del Campo #100 de enero de 2016 enuncié todos los derechos que se les otorgaron a los inversionistas extranjeros en los TLC). Los tratados bilaterales de protección de la inversión extranjera y los TLC pretender ser una camisa de fuerza para tratar de impedir muchos de los cambios urgentes que impulsa el nuevo gobierno. Hasta ahora Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha tenido habilidad de hacer algunos de ellos sorteando las limitaciones que le imponen estos tratados, pero hay información de que se están preparando demandas en el marco de los TLC de las que habrá que defenderse tanto de forma legal como con apoyo social.
Es importante destacar que, a diferencia del TLCAN, el T-MEC tiene una vigencia marcada de 16 años prorrogables y hay que revisarlo a los 6 años. Debemos prepararnos para ello.
Los TLC y el campo mexicano
El análisis de las consecuencias del T-MEC hacia el campo, los campesinos y nuestra alimentación, no se encuentran sólo en su capítulo 3, sino en muchos otros puntos (especialmente en el 9 sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, el 14 sobre inversiones, el 20 sobre propiedad intelectual, el 28 sobre políticas regulatorias y el 31 sobre resolución de disputas.)
Los TLC consideran los productos alimenticios como una mercancía más que debería dejarse a la competencia en términos de precio. Sin embargo, este objetivo no ha avanzado como quisieran las grandes trasnacionales alimenticias. Esto fue uno de los motivos por los que no pudo avanzar más la OMC. También fue uno de los puntos que empantanó la negociación y posterior abandono del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA). En el T-MEC se busca avanzar en este objetivo, pero no llega a plasmarlo con esa radicalidad en términos vinculatorios. El T-MEC en materia agroalimentaria tiene pocas pero peligrosas obligaciones nuevas y crea mecanismos para avanzar la discusión hacia acuerdos en los puntos más controvertidos.
La alimentación es un derecho humano y por ello no debe dejarse a la competencia mercantil. Como todo derecho, el Estado debe garantizarlo y para ello implementar políticas públicas hacia la soberanía y autosuficiencia alimentaria. Pero no podemos olvidar que, en la vida real, la vigencia de este derecho depende de que tengamos la fuerza para hacerlo valer. Los mecanismos para hacer cumplir los TLC son muy eficientes y los mecanismos para la defensa de los derechos humanos tienen un proceso complicado para que lleguen a sanciones vinculantes.
La política del nuevo gobierno de apoyo a la producción campesina de alimentos básicos ha sido inteligente para darle la vuelta a las reglas del TLC ya que respeta las reglas y los precios del mercado, pero compra complementando con un sobreprecio que presenta como combate a la pobreza. Ello también vale para el decreto presidencial que pone un plazo para el uso del glifosato y rechaza la siembra de maíz transgénico. Seguramente las poderosas empresas de alimentos estarán buscando como revertir tales medidas. Hay que prepararse para ello, en términos legales, pero seguramente también será necesaria una fuerte lucha social.
En el capítulo sobre propiedad intelectual se introduce un elemento muy peligroso, que seguramente será analizado en otro texto de esta misma publicación, pero que no podemos dejar de mencionar. El capítulo agrícola del T-MEC deja la libertad a cada gobierno de aprobar o no el uso de transgénicos particulares; pero su artículo 20.90 obliga a que en un plazo no mayor de 4 años se adhiera al convenio internacional UPOV de 1991 (Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales) y que en este período de transición “no modificará una medida existente ni adaptará una nueva medida que sea menos compatible con sus obligaciones (de este capítulo)”. Hay que tomar esto en cuenta para preparar la defensa de las medidas tomadas por el gobierno de AMLO frente al glifosato y el maíz transgénico, que evidentemente son defendibles por razones de salud y por el hecho de que México es centro de origen del maíz y tiene derecho a defender su biodiversidad. •