Aunque el anuncio de que se reabrirá el caso de Ernestina Ascencio hasta agotar todas las líneas de investigación es un gesto positivo, la rectificación hecha en este tema por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, deja ver la desorganización que existe al interior del gobierno sobre un tema tan sensible como éste.

Así lo afirmó Carmen Herrera, integrante de la organización Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (Aajdh), quien llamó a las autoridades a reconocer como interlocutores válidos a los colectivos civiles que representan a la víctima, en vez de sólo aludir a la familia de Ascencio, como han hecho hasta ahora.

En entrevista con La Jornada, la litigante subrayó que para todas las organizaciones involucradas en la representación de Ascencio –Kalli Luz Marina, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, además de la Aajdh– el cambio de posición del gobierno es una buena noticia, porque nos da cierta esperanza de que el caso pueda reconducirse por otro camino.

No obstante, puntualizó que la discrepancia entre lo dicho por Alejandro Encinas y por la delegación del Estado mexicano que acudió hace una semana a una audiencia sobre el tema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), da cuenta de la falta de coordinación al interior del gobierno con respecto a estos temas.

▲ Francisco Inés, hijo de Ernestina Ascencio, indígena asesinada y violada, muestra imágenes de su madre en vida.Foto Marco Peláez

Pareciera que fue una línea institucional la que se presentó en la audiencia y otra la que plantea esta posición (de reabrir el caso), y esperamos que sea aclarado, porque no es aceptable que no tengamos la confianza de que quien tenemos enfrente en una escena tan importante como la CIDH esté hablando a nombre del Estado, señaló.

Herrera enfatizó que un punto preocupante para los colectivos que llevan el caso es que Encinas y otras autoridades únicamente se han referido a los familiares de Ascencio como interlocutores, lo cual significa que las organizaciones hemos sido ignoradas y deslegitimadas por exigir justicia. Deben reconocer nuestra intervención y entrar con todo al caso.

La abogada recalcó la importancia de que la indagatoria sea reabierta por un grupo de especialistas totalmente independientes del gobierno de México, por lo que no descarta solicitar que algunos provengan del extranjero.