La sala superior del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México negó un amparo a los desarrolladores de la Torre Anzaldo para detener la demolición del edificio que inició el pasado viernes; mientras el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) suspendió la construcción de un inmueble en la colonia Roma, por violaciones al uso de suelo al rebasar el número de niveles permitidos.

La Secretaría del Medio Ambiente capitalina señaló que continúa la demolición del edificio que se se construía en Periférico 3042, junto a la presa Anzaldo, luego de que un juez rechazó por improcedente un amparo interpuesto por Banca Mifel S.A, en su calidad de promovente del proyecto.

Por otra parte, el Invea suspendió los trabajos de construcción de un proyecto inmobiliario localizado en San Luis Potosí 134, colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc, por carecer de documentación que avalara la legalidad de la obra.

Vecinos de la colonia denunciaron que la edificación de departamentos viola las normas de uso de suelo; no obstante, a raíz del confinamiento se aceleraron los trabajos para consolidar el proyecto inmobiliario de 10 niveles, cuando los permitidos en la zona son seis, argumentando que contaba con el aval de las autoridades.

Por ello, personal del Invea realizó la revisión del terreno y solicitó la documentación que avalara la legalidad del proceso constructivo; sin embargo, ésta no fue entregada, por lo que se colocaron los sellos de suspensión de actividades.

Mientras, en el Congreso capitalino se presentó una iniciativa que prohíbe el esquema de preventa de departamentos, con el propósito de evitar fraudes de inmobiliarias en la oferta de viviendas en edificaciones que excedieron los niveles de construcción permitidos.

La propuesta de la diputada de Morena Paula Soto Maldonado, para modificar la Ley de Desarrollo Urbano y el Código Civil, plantea que no se podrán celebrar contratos de compraventa hasta no contar con el permiso de ocupación, el cual sólo se otorga con el aviso de terminación de obra, en el que se constata que la construcción se apegó a la legalidad.

El esquema de preventa, explicó, permite a las empresas tener liquidez para terminar la obra ofreciendo menor costo, pero, subrayó, ante abusos es necesario proteger a los compradores.