El pasado 18 de octubre, el gobierno de Ensenada, Baja California, llevó a cabo una consulta entre los habitantes del municipio para preguntarles si aceptaban o no la ampliación de operaciones de la gasera estadunidense Sempra Energy, y aunque hubo una amplia votación por el no, finalmente se anunció que el resultado era por el sí.

Así lo denunció la organización civil Ensenada Resiste, la cual señaló que el presidente municipal, Armando Ayala, llevó a cabo un operativo de inducción del voto a favor de la empresa y no permitió que la ciudadanía atestiguara el proceso de conteo de votos.

En entrevista con La Jornada, Roberto Romero, integrante del mencionado colectivo, explicó que el pasado 12 de octubre las autoridades locales dieron inicio a una “campaña muy agresiva de consulta vecinal que desde el principio fue muy extraña, porque más allá de promover la participación ciudadana, se promovía el ‘sí’ por la empresa, porque supuestamente iba a darle a la ciudad varios proyectos de infraestructura”.

El activista subrayó que, como parte de dicha campaña, en prácticamente todos los medios se incluyeron mensajes de la presidencia municipal para hablar sobre los beneficios económicos de avalar las pretensiones de la empresa estadunidense –cuya filial en Ensenada es Energía Costa Azul–, más que de las características de la obra en sí o de sus implicaciones.

De acuerdo con Romero, a pesar de dicha operación a favor de la compañía, Ensenada Resiste logró documentar que al menos en la mitad de las casillas instaladas hubo un triunfo del no en proporción de dos o tres a uno.

Pese a ello, la alcaldía terminó por anunciar que había triunfado el sí por 19 mil sufragios contra 12 mil del no, después de haber cambiado dos veces la sede del conteo de votos, y sin que en este proceso se haya permitido la observación de colectivos civiles.

El activista resaltó que el proyecto de ampliación de Sempra Energy implica permitir que el gas licuado que maneja la compañía puede ir y regresar de Estados Unidos a México, sin importar la posibilidad de accidentes, ataques terroristas en el lado estadunidense y fugas, además de pasar por alto que la zona es de por sí propensa a los incendios.