Es urgente una ley de ciberseguridad, porque el cibercrimen genera pérdidas a la industria y a los consumidores entre 3 mil y 5 mil millones de dólares anuales, lo que afecta el comercio electrónico y además merma la confianza de la población en los sistemas digitales”, advirtió Mario de la Cruz, de American Chamber México, durante un foro en la materia, organizado en el Senado, en el que especialistas, funcionarios y legisladores coincidieron en que ese tipo de delitos se han incrementado durante la pandemia.

El director de Servicios y Ciberseguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alejandro Canales, reconoció que México ocupa el segundo lugar en América Latina en ataques a través de Internet, que no únicamente van dirigidos a las grandes corporaciones, sino sobre todo a la ciudadanía, que es víctima de suplantación de identidad, extorsión, robo de tarjetas bancarias y compras fraudulentas.

El funcionario aclaró que muchos de estos ciberdelitos no siempre se desarrollan desde el país, sino que vienen de otros sitios del mundo, por lo que se requiere una ley que esté alineada a marcos internacionales para lograr una cooperación mundial, porque sin ello no se podrán resolver estos problemas.

Reconoció, asimismo, que hay cifras espeluznantes en materia de pornografía infantil en Internet, delito que aumentó en número durante la crisis provocada por la emergencia sanitaria.

Respecto de la ley en la materia, presentada por la senadora Lucía Trasviña, el funcionario consideró que es muy atinada y perfectible.

Al respecto, la senadora Trasviña comentó que desde hace un año presentó esa iniciativa, y la cuarentena por la emergencia sanitaria mostró que urge legislarla, por el aumento en el mal uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.

En su turno, Adolfo Arreola, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en ciberseguridad, explicó que, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, cada 39 segundos ocurre un ataque informático en el mundo, pero a partir de la aparición del Covid-19 este tipo de ilícitos aumentaron 600 por ciento contra instituciones sanitarias, lo que puede generar nuevos delitos.

Pablo Bello, representante de WhatsApp para América Latina, resaltó que es un falso dilema el tener que renunciar a la privacidad para garantizar la seguridad, pues ambos conceptos son complementarios. Explicó que para prevenir, frenar y evitar el mal uso de la aplicación, esa empresa de mensajería privada bloquea más de 2 millones de cuentas al mes, a escala global, a través de una plataforma de inteligencia artificial.

La directora Jurídica de Propiedad Intelectual y Seguridad Digital para Latinoamérica de Microsoft, Jimena Mora, consideró preocupante que cibercriminales utilicen cada vez tecnologías más sofisticadas para vulnerar la seguridad de miles de usuarios, lo que impone una cultura de prevención. Actualmente, expuso, 70 países ya cuentan con regulaciones o normativas.