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Personas con Covid-19 no podrán votar

Chile, en la recta final del plebiscito para constituyente

Encuestas indican que la mayoría optará por una nueva carta magna

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▲ Neonazis se manifiestan en Santiago contra los cambios a la Constitución impuesta por Pinochet.Foto tomada de Twitter
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Domingo 27 de septiembre de 2020, p. 17

Santiago. Con el lanzamiento anteayer de las franjas televisivas propagandísticas en favor del apruebo y del rechazo, Chile se adentra en la cuenta regresiva del plebiscito del domingo 25 de octubre, cuando hasta 15 millones de ciudadanos nacionales y extranjeros (aquellos con más de cinco años de residencia legal y que suman unos 260 mil) decidirán cómo avanzar en el camino para redactar una nueva Constitución, terminando con aquella heredada del pinochetismo y que institucionalizó el neoliberalismo en el país.

¿Quiere usted una nueva Constitución?, es una de las preguntas a responder. Todo apunta, según las encuestas, a que ganará fácilmente el apruebo, incluso hasta por mayoría de 70 por ciento o más; tanto así que sectores de la derecha neoliberal e incluso algún dirigente identificado con el dictador Augusto Pinochet anunciaron su intención de votar en favor de una nueva Constitución, claramente para escapar de la carroza de la derrota.

Lo otra pregunta se refiere al tipo de órgano que debiera redactarla, es decir, si se opta por una convención constitucional cuyos 155 integrantes sean cien por ciento electos, o por una mixta de 172 miembros: la mitad electos y la otra mitad parlamentarios en ejercicio, autoelegidos. Se supone que será la primera opción la ganadora, por el abrumador repudio a la clase política que con suerte logra dos por ciento de aprobación y a la cual el ciudadano identifica con privilegios y corrupción.

Este inédito momento que vive Chile fue arrancado a esas desacreditadas élites la madrugada del 15 de noviembre de 2019, cuando a casi un mes del estallido social del 18 de octubre, la presencia inagotable de millones de personas en las calles daba cuenta de la ingobernabilidad en que había entrado el país y la imposibilidad de atajar la demanda de cambios estructurales.

El plebiscito debía efectuarse el 26 de abril pasado, pero el temor a la pandemia del Covid-19, en pleno auge, convenció sobre la necesidad de postergarlo. La verdad es que para aquella fecha solamente hubo alrededor de 16 mil casos (se habían proyectado 40 mil); en cambio ahora, Chile acumula 455 mil, de los cuales más de 13 mil están activos. Y esa es justamente una de las incógnitas de cara al 25 de octubre –cómo golpeará la pandemia la participación electoral–, porque comienza a haber indicios de una nueva ola de infecciones: crece la cantidad de contagios con más de 2 mil casos diarios y la tasa de positividad (5.53 por ciento) va nuevamente al alza. Las personas enfermas con PCR positivo estarán legalmente impedidas para sufragar, pues tienen obligación de guardar cuarentena y el gobierno se negó a legislar para facilitarles votar (por ejemplo, lugares segregados) y también a tomar medidas para facilitar la participación.

Resuelto este plebiscito, en abril de 2021 se elegirán los asambleístas. Una vez instalada, la convención dispondrá de nueve meses prorrogables por otros tres para producir el nuevo texto, el cual deberá ser sometido a un plebiscito ratificatorio, esta vez de participación obligatoria.

Ánimo participativo

Un estudio de Plataforma Contexto, iniciativa de la Universidad Diego Portales y las organizaciones Espacio Público, Humanas y Observatorio Ciudadano, concluye que en la población hay un estado de ánimo general positivo y de confianza en que el plebiscito se realizará, con altas expectativas de participación y triunfo de la opción apruebo. Pero también se advierte que este estado de ánimo convive con la preocupación sanitaria, el alto deseo de participar y la posibilidad de que no se realice. La demanda por medidas de seguridad sanitaria se fundamenta en el respeto a los derechos ciudadanos de las personas, en especial las de alto riesgo.

También, que el proceso constitucional se percibe como la salida a la crisis instalada desde octubre de 2019 y que de no llevarse a cabo, se desencadenarían nuevas manifestaciones y se mantendría la incertidumbre económica.