La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha presentado 137 denuncias penales por hechos probablemente constitutivos de delito que pudiesen afectar los intereses de la Federación, cometidos tanto en el sexenio pasado como en el actual. Los casos están en curso de investigación en diferentes áreas de la Fiscalía General de la República (FGR).

Ese número corresponde a demandas tramitadas únicamente por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la secretaría a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

A esa cifra hay que agregar 372 querellas penales presentadas por los órganos internos de control de las diferentes instituciones federales –dependientes de la SFP pero con autonomía para realizar indagatorias–, con lo que del primero de diciembre de 2018 al 30 de junio pasado sumaban 509 denuncias por presuntos actos de corrupción en la administración pública federal.

De acuerdo con datos de la SFP, de esas 137 demandas, 50 están relacionadas con enriquecimiento ilícito, 22 por ejercicio indebido del servicio público y 28 por uso ilícito de atribuciones y facultades.

Otros de los delitos señalados en las demandas de la dependencia son: contra la administración de justicia; peculado y ejercicio abusivo de funciones; sabotaje, terrorismo y amenazas; tentativa de fraude; robo; lesiones; amenazas y extorsión, y obstrucción de la justicia,

Están dirigidas contra funcionarios y ex funcionarios de 38 instituciones del gobierno federal, como las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cuya titular en el sexenio pasado fue Rosario Robles, hoy bajo proceso penal por la llamada estafa maestra, que dejó un perjuicio al erario de más de 7 mil 600 millones de pesos.

Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias son otras de las dependencias señaladas por posibles actos de corrupción cometidos en el gobierno de Enrique Peña Nieto, durante la gestión de Emilio Lozoya Austin como director general de la paraestatal, quien también está bajo proceso judicial por diversos delitos, como operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho, ejercicio indebido del servicio público y sobornos.

Otras instituciones de la Federación donde funcionarios habrían cometido delitos detectados por la SFP son la Policía Federal, los institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto de Salud para el Bienestar, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.