Cuatro funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, al haber otorgado indebidamente un contrato de prestación de servicios por un monto de 105 millones de pesos.

Ante ello, el instituto informó que ya tiene conocimiento del caso, pero aclaró que su Órgano Interno de Control (OIC) no ha detallado si la investigación sobre el caso ha concluido y si hay lugar a alguna responsabilidad administrativa.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), judicializó el expediente en el cual se aportaron los elementos necesarios para dictar la vinculación a proceso de Bogart Cristobal M, director ejecutivo de Administración; Miguel Ángel R, subdirector de Servicios; José Carlos A, director de Recursos Materiales y Servicios, y Alejandro Mauricio M, subdirector de Adquisiciones.

El Ministerio Público Federal señaló que el caso empezó luego de que el OIC del INE presentó una denuncia, debido a una licitación pública que dio origen a un contrato por parte del instituto, el cual fue anulado por el mismo OIC, en agosto de 2019.

A los cuatro imputados, el juez federal que conoce del caso les impuso la presentación periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares y la vigilancia del OIC del INE, en relación con el contrato en controversia, lo cual implica que seguirán el proceso en libertad y no han sido cesados de su cargo.

De acuerdo con información judicial, la acusación fue por el otorgamiento indebido de un contrato de prestación de servicios equivalente a 105 millones de pesos, de los cuales INE había pagado 15 millones.

El órgano electoral detalló en un comunicado que los funcionarios aludidos continúan en sus labores habituales, ya que el juez no concedió una suspensión solicitada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y dio un plazo para verificar las acusaciones.

Asimismo, explicó que el procedimiento se inició luego de una acción interpuesta por el mismo OIC ante dicha fiscalía, la cual pidió la suspensión de los cuatro funcionarios, ante lo cual un juez otorgó el plazo de seis meses para el desarrollo de dicho proceso.

Mientras tanto, priva la presunción de inocencia de los funcionarios, como el mismo juez lo señaló en la audiencia, apuntó.