Las semillas campesinas: entre la privatización y la protección
La agricultura campesina debe ser revalorada por la sociedad a la luz de los acontecimientos del 2020. La pandemia y el confinamiento pusieron de relieve que sin los alimentos que producen las y los campesinos es imposible sobrevivir a la crisis actual. A pesar de ello, la agricultura campesina está siendo amenazada con la privatización de las semillas y la ilegalización de su libre intercambio, además de imponer un control cada vez mayor por medio de catálogos de productores, certificación y bancos de semillas, entre otros mecanismos.
El diputado de Morena Eraclio Rodríguez propuso una reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV), respaldada por el sector principal del gobierno federal en materia agropecuaria. Dicha iniciativa busca adherir a México a la UPOV-91, acordado por el gobierno federal en el T-MEC. Esto quedó patente en una charla realizada el 12 de junio, organizada por el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader): “Semilla: cimiento de la agricultura y la alimentación”. En ella participaron funcionarios del gobierno y representantes de la industria agroalimentaria y biotecnológica como la Asociación Mexicana de Semilleros y Plant Sciences Integrator.
Esta charla fue un corolario de la iniciativa de reforma a la LFVV, en la que Sol Ortiz, actual encargada de cambio climático de Sader y ex-titular de la CIBIOGEM durante el gobierno de Peña Nieto, responsable de implementar la apertura de los transgénicos al país, dejo plasmada su visión: los recursos fitogenéticos no se pueden entender sin mejoramiento genético, germoplasmas élite, bancos de semillas y empresas semilleras, dejando al margen la agricultura campesina.
El responsable del SNICS reiteró la necesidad de entrar a UPOV-91 y, entre otras cosas, los participantes plantearon un tema central: las semillas piratas, es decir, semillas no certificadas o utilizadas sin autorización de los llamados obtentores, en pocas palabras, las semillas campesinas.
Esta iniciativa mostró la necesidad de un cambio profundo de las políticas del campo y del actual marco jurídico, así como las limitaciones de la recién aprobada Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo (LFFPMN), que frente al entramado jurídico vigente y la reforma a la LFVV, quedaría como letra muerta; suerte que corrió su símil en Tlaxcala y que a la fecha no ha logrado el reconocimiento del estado como zona libre de transgénicos. Dicha ley, que retoma lo planteado en su versión tlaxcalteca, limita la protección a áreas geográfica donde se practican los sistemas tradicionales de cultivo, en el resto del país dejarían vía libre para que se imponga el modelo basado en paquetes tecnológicos, agrotóxicos, cultivos con baja variabilidad genética y con ello la degradación de los ecosistemas; para evitarlo sería necesario declarar a todo el país centro de origen y diversificación y la prohibición total de los transgénicos, no solamente del maíz.
Este cereal no se domesticó aislado, fueron sistemas complejos de interrelación entre diversas especies, ecosistemas, paisajes y formas de organización social los que dieron origen a los actuales sistemas agroforestales (SAF), que articulan componentes silvestres y domesticados, y que son posibles por un conocimiento profundo del ambiente, los suelos y el clima. La diversidad de los SAF es el espejo de la diversidad cultural y de las formas de comprensión propia de los pueblos como parte de la naturaleza. Por ello el maíz no puede ser protegido, sino se salvaguarda a la vez el sistema social que le dota de vigencia, el ecosistema con el que ha coevolucionado y la cosmovisión que le da sentido. Es lamentable que un apartado de la ley del maíz nativo en Tlaxcala haya sido dejado de lado: el derecho de todos los seres vivos de consumir productos derivados del maíz libres de OGM. Esto ponía en el centro una comprensión de la vida no antropocéntrica y abría camino para los llamados derechos de la naturaleza. Por ello, proteger y promover la agricultura indígena y campesina juega un papel central en la mitigación del cambio climático y en la prevención de próximas pandemias. Ello solo será posible con el respeto a los derechos campesinos, de la naturaleza y a la autonomía de los pueblos indígenas. •