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Posible conflicto de intereses y prevaricato

Controversia presentada por Laura Rojas tiene vicio grave de legalidad

Jurídico de la Cámara de Diputados señala que la funcionaria recurrió a abogados particulares que incluso han litigado contra el Congreso

 
Periódico La Jornada
Martes 7 de julio de 2020, p. 10

El jurídico de la Cámara de Diputados reportó a la Junta de Coordinación Política que la controversia constitucional, presentada por Laura Rojas (PAN) contra el acuerdo presidencial que permite a militares participar en tareas de seguridad pública hasta 2024, contiene un vicio grave de ilegalidad porque la presidenta de la Mesa Directiva contrató a abogados particulares que incluso han litigado contra la Cámara de Diputados.

En un estudio solicitado por el coordinador de Morena, Mario Delgado, y entregado en la reunión semanal de ayer, señaló además que, sin ser servidores públicos, se les autorizó a consultar el expediente y que, al llevar casos contra la Cámara, no sólo podrían incurrir en conflicto de intereses, sino en prevaricato.

Además, acotó que la facultad de la presidencia de la Cámara para recurrir ante la Corte no es una atribución discrecional absoluta y reveló que, en un estudio previo a petición de la propia diputada, le informó que no procedía la impugnación en el caso de la Guardia Nacional.

Luis Genaro Vásquez Rodríguez, director general de asuntos jurídicos de la Cámara de Diputados, informó que él se enteró del recurso de Laura Rojas una hora después de que éste se entregó al Poder Judicial.

Refirió que el secretario técnico de la Mesa Directiva, Héctor Castillo Huertero, le informó mediante un mensaje por WhatsApp a las 22:32 horas del 19 de junio que se había presentado un proyecto de controversia constitucional, que ingresó a las 21:36 de ese día.

Explicó que él mismo entregó el 14 de mayo a Castillo Huertero una opinión donde precisa que el acuerdo presidencial resulta acorde con la Constitución, en virtud de que encuentra su fundamento principal en el artículo quinto transitorio de la reforma a la Constitución en materia de Guardia Nacional.

El jurídico alertó a la Junta de Coordinación Política que del escrito presentado ante la Corte por Laura Rojas, se advierte con preocupación la designación como delegados y la autorización que hace, en ejercicio de su representación legal originaria, a favor de abogados particulares que no son servidores públicos de esta Cámara para intervenir en el procedimiento constitucional.

Se trata de los litigantes Luisa Conesa Labastida, Jorge Carlos Peniche Baqueiro, Sergio Emanuel Delgado Fernández, Ricardo Juanes Laviada y Andrés Alcántara Silva.

Además, resaltó que Luisa Conesa Labastida fue la primera persona en dar a conocer en su cuenta en Twitter de la presentación de la demanda de controversia constitucional.