os recientes señalamientos de la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, respecto al conocimiento que tuvo la administración de Felipe Calderón Hinojosa de las andanzas delictivas de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, inciden en un tema a resolverse en el corto plazo, la aprobación o rechazo de la pretensión del mencionado político michoacano de hacerse de un partido de índole esencialmente familiar, denominado presuntivamente como México Libre.

Aun cuando el citado Calderón Hinojosa y sus huestes cibernéticas pretenden darle un sentido descalificatorio a una tercia de tuits emitidos por la citada diplomática estadunidense, lo cierto es que la grabación, puesta ayer mismo a disposición del público en la página de Internet de la revista Proceso, muestra con claridad lo originalmente planteado: en Washington se sabía el tipo de personaje que era el brazo policiaco ejecutor de Calderón, pero por pragmatismo se trabajaba con él, de cuyo historial también sabía el propio jefe político máximo de esa facción, hospedado durante seis años en Los Pinos. El propio periodista Jesús Esquivel detalló lo relacionado con esa entrevista con Jacobson, según puede verse en https://bit.ly/2YyaEE1

En realidad, el enfoque polémico preferido por el calderonismo es equívoco a conveniencia (de ello habló ayer Anabel Hernández: https://bit.ly/3c5zFuk): se pretende centrar y anclar la discusión en el punto del conocimiento o no de Calderón respecto a lo que hacía su virtual vicepresidente policiaco, como si en la realidad práctica pudiese haberse dado una disociación radical entre quienes en los hechos fueron siameses operativos: ejecutor implacable Genaro de las decisiones de Felipe (¿o al revés?), causantes ambos de la vorágine denominada guerra contra el narcotráfico que buscó dar legitimidad al fraudulento Calderón en su presidencia funeraria y, al mismo tiempo, rediseñar, a conveniencia de quienes entonces tenían el poder político y policiaco, el mapa del narcotráfico en México para favorecer a un cártel, el de Sinaloa, y utilizar la fuerza armada institucional contra los competidores del cliente protegido.

Las graves acusaciones radicadas en Estados Unidos contra el preso García Luna, y la confirmación de que Calderón sabía lo que hacía su copiloto sangriento (un saber que, en esas alturas del poder, significa asentimiento y complicidad, cuando no instrucción expresa), tienen naturales consecuencias políticas. Parte de la tragedia nacional y de la descomposición institucional pasa por el ejercicio de poder que el crimen organizado ha practicado abiertamente en los ámbitos gubernamentales de los tres niveles (federal, estatales y municipales) y en las cámaras nacionales y estatales a partir del financiamiento de opciones partidistas y electorales que al llegar a los correspondientes cargos deben responder a los intereses de sus patrocinadores, implacables en cuanto al cobro de sus réditos políticos y económicos.

En ese contexto de vasos comunicantes entre alguien acusado en Estados Unidos de ser un recaudador de dinero del crimen organizado, y un ex ocupante de Los Pinos que dirige la construcción de un nuevo partido, y dadas las recurrentes pruebas de proclividad falsificadora de los promotores principales de México Libre, es necesario que el maltrecho Instituto Nacional Electoral (incompleto por la salida calendarizada de cuatro de sus consejeros y política y socialmente desgastado, sobre todo su actual presidente movedizo, Lorenzo Córdova) revise a fondo los procesos de las asambleas distritales que darían paso al otorgamiento del registro de México Libre como partido político.

Sin duda, hay ciudadanos que de manera legítima y respetable decidieron apoyar la opción calderonista y zavalista, pero también hubo señalamientos reiterados del pago en efectivo a asistentes (entre otros temas económicos). Terrible sería que el dinero de García Luna estuviese al servicio de otro proyecto político de su siamés Calderón Hinojosa. ¡Hasta mañana!

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