Jerusalén. El Tribunal Supremo aún no termina de debatir sobre la legalidad del gobierno pactado entre el primer ministro Benjamin Netanyahu, procesado por corrupción, y el opositor Benny Gantz, en Israel.

Durante los debates, transmitidos en directo por las cadenas de televisión locales, los 11 jueces, con los rostros semicubiertos con máscarillas sanitarias, expresaron ayer sus reservas sobre varios puntos del acuerdo de coalición, aunque explicaron que en la etapa actual no pueden invalidarlo. No obstante, varias cláusulas del mismo aún no tienen fuerza legal.

El tribunal empezó antier a estudiar el acuerdo firmado hace dos semanas por ambos líderes, hasta hace muy poco rivales, para poner fin a la peor crisis política de Israel y enfrentar la emergencia por la propagación del Covid-19, que ha infectado a miles de ciudadanos y golpeado la economía del país.

El domingo los jueces se enfocaron en si los cargos de corrupción contra Netanyahu le impedirían formar el próximo gobierno, y en la jornada de ayer debatieron sobre la legalidad del acuerdo entre ambos políticos.

El acuerdo prevé que Netanyahu sea primer ministro durante los primeros 18 meses y Gantz en los 18 siguientes. Los ministerios se repartirán de manera equitativa entre ambas partes, que se han comprometido a debatir a partir de julio un proyecto de anexión del Valle del Jordán y de los asentamientos judíos en Cisjordania ocupada.

Pero este pacto tiene varios detractores que consideran que algunas de sus cláusulas violan leyes fundamentales de Israel.

Además de la imposibilidad, según ellos, de que un procesado pueda dirigir un gobierno, critican la celebración de elecciones en tres años (la ley estipula cuatro) o la congelación por seis meses de los nombramientos al frente de servicios públicos.

El fin de semana, en Tel Aviv y Jerusalén, detractores del acuerdo se manifestaron, respetando en su mayoría las medidas de distancia física, portando banderas negras para ilustrar la muerte de la democracia israelí.