19 de abril de 2020 • Número 151 • Suplemento Informativo de La Jornada • Directora General: Carmen Lira Saade • Director Fundador: Carlos Payán Velver

Salud rural y COVID


Revalorando al campesino

Esteban Daza Instituto de Estudios Ecuatorianos

En semanas recientes Ecuador ha sido noticia internacional debido a que a menos de un mes de identificado el primer caso de coronavirus, pasó al tercer lugar de los países de América Latina con mayores números de contagios y el segundo en índices de fallecidos por COVID-19. Guayaquil se convirtió en el escenario de la catástrofe, se reportan diariamente cadáveres en las calles que se presumen mueren por coronavirus, al no ser atendidos por el colapsado sistema de salud pública.

A treinta minutos de Guayaquil, queda la comunidad de Los Ángeles, sector rural que vive su propia realidad ante la propagación del virus, en pocas semana han visto morir a familiares y amigos por falta de atención médica. Sus habitantes, gran parte adultos mayores, permanecen encerrados en sus casas por el temor a los contagios. Quienes salen a trabajar en sus cosechas, lo hacen hasta medio día. Su producción se la llevan los intermediarios debido a las medidas de restricción vehicular, lo que aumenta sus condiciones de vulnerabilidad.

Durante la pasada década, los territorios indígenas y campesinos han sido acechados por la agroindustria y la minería. Cuando llegó el coronavirus al país, las agriculturas campesinas ya vivían en condiciones de abandono, la pandemia agravó su situación. Varios son los efectos del COVID-19 sobre el sector: desempleo, restricciones al transporte, límites para la comercialización, protocolos sanitarios excluyentes, deficiente sistema de salud pública, autoaislamiento.

El primer caso de COVID-19 en Ecuador se detectó el 29 de febrero; sin embargo, el sector agrícola meses antes ya experimentaba su primera crisis. Las exportaciones de banano, cacao, flores y camarón descendieron drásticamente y el precio internacional bajaba, los mercados de Europa y China habían cerrado sus fronteras para contener la pandemia. Ante tal suceso, el sector agroindustrial amenazaba con reducir el número de empleos para enfrentar el problema. En marzo, más de 2500 trabajadores y trabajadoras fueron despedidos de las industrias florícolas.

Al inicio de la crisis sanitaria ante las restricciones de movilidad de las personas, las ferias y canastas de productos agroalimentarios campesinos experimentaron un aumento de la demanda, una red que proveía alimentos a domicilio contribuía a garantizar la comida en los hogares. Con el pasar de los días las medidas de seguridad para evitar contagios limitaba más el flujo vehicular. Transportar alimentos requería de un salvoconducto que debía realizarse en los portales web del gobierno. En zonas rurales apenas dos de cada diez habitantes tiene acceso a internet lo que dificultó a muchos a obtener el salvoconducto.

Quienes lograron transportar los alimentos hacia las ciudades tuvieron que afrontar problemas en los centros de distribución: se clausuraron las ferias al aire libre por considerarlas sitios de alto riego. En Quito los protocolos sanitarios obligaron a que durante la madrugada del 24 de marzo, la fuerza policial desalojara a más de 600 vendedores informales de los exteriores del mercado de “San Roque”. A esta feria acudieron, por más de treinta años, las clases populares de la capital a proveerse de alimentos.

Los territorios campesinos parecen experimentar un fenómeno totalmente nuevo: la migración urbano–rural.

En muchos territorios campesinos las autoridades comunitarias tomaron el control, han cerrado las vías de acceso para restringir el ingreso de los foráneos y han organizado al interior un ambiente de cooperación donde se distribuyen los alimentos que producen, se cuidan los ancianos y se acude al saber ancestral para alivianar los problemas de salud.

Cientos de familiares que habitaban en las urbes ahora regresan al campo, en algunas comunidades son bien recibidos y en otras son vistos con desconfianza, existe el rumor que el virus proviene de las ciudades. En muchos territorios campesinos las autoridades comunitarias tomaron el control, han cerrado las vías de acceso para restringir el ingreso de los foráneos y han organizado al interior un ambiente de cooperación donde se distribuyen los alimentos que producen, se cuidan los ancianos y se acude al saber ancestral para alivianar los problemas de salud.

Pero también el mundo agrario experimenta una revalorización del rol del campesino y campesina en la producción de alimentos. A pesar de la compleja situación que experimentan las familias de pequeños agricultores en medio de la crisis sanitaria, éstos siguen contribuyendo con gran parte de los alimentos que llegan a los mercados y a las tiendas de barrio. El abandono del Estado no los ha sorprendido pero sin duda, les genera temor contagiarse, sin embargo, insisten a través de sus organizaciones políticas en generar una articulación más amplia entre autoridades, comunidades y consumidores para la creación de un fondo alimentario para la crisis. •