“Estoy vivo todavía… ¡Vámonos!

Los Desplazamientos Internos Forzados actuales son movilizaciones de población, forzadas por distintas causas: 1) violencias ejercidadas recurrentemente por distintos tipos de poderes fácticos (narcotráfico, crimen organizado, mafias locales, talamontes, paramilitares y otros grupos con capacidad coercitiva contra las poblaciones locales); 2) desastres naturales que afectan las vidas y residencias de los pobladores; 3) desastres convencionales como los industriales, contaminaciones, incendios, que obligan temporal o definitivamente al cambio de residencia, y 4) desplazamientos por megaproyectos (presas, carreteras, etc.).

Los sectores más vulnerables a vivir el Desplazamiento Interno Forzado son:

•Las poblaciones que se ubiquen en el circuito territorial de las dinámicas del narcotráfico o el crimen organizado.

•Los pobladores cuyos recursos propios son amenazados a través de la extorsión, las amenazas y el secuestro, como comerciantes, ganaderos, rentistas, empresarios, industriales, etc.

•Los pobladores cuyos recursos comunitarios (tierras, tierras con minerales o maderas) son amenazados; por ejemplo, los ejidatarios.

•Los trabajadores campesinos, pequeños propietarios, mujeres, jóvenes, cuyos recursos personales (capacidad de trabajo y de servicio) son exigidos por poderes de facto.

•Las comunidades indígenas, cuyas tierras son expropiadas violentamente.

•Las poblaciones locales que se preparan defensivamente, hasta que logran un nivel de organización-contención contra poderes de facto o actores externos y violentos.

De estos grupos de poplación que están siendo forzados al desplazamiento, las poblaciones rurales pueden ser las mas vulnerables, por las condiciones de ubicación con respecto a los centros urbanos principales, así como las condiciones sociodemográficas y el tipo de institucionalidad y autoridad que no garantizan su protección efectiva. Dos ejemplos nos ayudan a comprender:

1. “Estoy vivo todavía, vámonos… pero, ¿a dónde? a donde caiga…”. Don Abraham, con cerca de 65 años, habitante de San Pedro Pezuapan, San Miguel Totolapan, Guerrero, narra que su comunidad, junto con otras seis zonas agrarias: El Pescado, La Morena, Cuncla, Ayotla, La Ciénaga y Rancho Nuevo, sumaban un poco mas de 400 habitantes y eran propietarios de aproximadamente 16,000 hectáreas. Vivían de la agricultura de subsistencia y la pesca artesanal, tenían servicios locales como pozos de agua artesanales y una vía de comunicación: la carretera Iguala-Ciudad Altamirano. Desde 2013 fueron asediados y atacados por “grupos del narcotráfico que andaban en complicidad con funcionarios gubernamentales corruptos”. Los pobladores recuerdan el 15 de julio de 2013 y el 9 de julio de 2016 como las fechas en que fueron atacados y obligados a abandonar sus viviendas, tierras y localidades. En el último ataque (2016), fueron asesinados familiares y vecinos. Cuando terminó la agresión y salieron de sus refugios, recuerda haber pensado, “estoy vivo todavía…. Vámonos…”. Desde entonces, los habitantes de estas localidades que se autorreconocían como campesinos están desplazados, dispersos en pequeños centros urbanos de los estados del centro y norte del país, Aún no identifican claramente si siguen en tránsito o en reasentamientos definitivos; lo que sí reconocen es que no pueden regresar (entrevista en CDMX, mayo de 2019).

2. Lorena, lideresa de la comunidad de San Juan Copala, Oaxaca, recuerda los hechos de 2010 en que fueron desplazadas dos comunidades indígenas triqui, con 250 habitantes. Los hostigamientos con violencia por parte del grupo paramilitar Movimiento Unificado de Lucha Triqui (MULT), empezaron en 2008, cuando fue asesinado su esposo de 25 años. Las familias decidieron que deberían salir primero los hombres porque suponían que eran los más amenazados, y que no irían contra las mujeres, niños, las personas de la tercera edad. Resistieron durante 10 meses para no abandonar sus casas y tierras. El hostigamiento se intensificó no solo con amenazas y vigilancia permanente, sino con la suspensión de los servicios de agua, luz y teléfono, y el abastecimiento local de víveres, obligando así, a las madres a salir con los hijos, y demás familiares. Los hombres y otros miembros de la comunidad salieron uno a uno, antes de septiembre de 2010. Las mujeres y últimos pobladores que quedaban fueron forzados bajo múltiples amenazas a salir entre el 14 y el 19 de septiembre del mismo año. Desde entonces y durante nueve años han permanecido en tránsito, pernoctando en el centro de la ciudad de Oaxaca. Sus viviendas, tierras y bienes fueron fueron expropiados. A pesar de todo, la comunidad desplazada permanece resistiéndose a una reubicación fuera de su territorio, y siguen luchando y exigiendo retorno protegido, sus tierras y viviendas (entrevista en Oaxaca, febrero de 2019). •