21 de marzo de 2020 • Número 150 • Suplemento Informativo de La Jornada • Directora General: Carmen Lira Saade • Director Fundador: Carlos Payán Velver

DESPLAZADXS


El narcotráfíco altera las expresiones religiosas y las relaciones sociales, vistas en este culto al dinero y al popular Santo del Narco. Jesús Malverde

CHIHUAHUA

La “migración” forzada y el despojo cultural

Brenda López Santaneño P.A en Derecho, UACHClaudia Jean Harriss Clare INAH

Desde las incursiones violentas de colonos y la formación posterior del estado-nación existieron políticas genocidas con la finalidad de apropiarse de los recursos naturales y borrar la existencia de los pueblos indígenas. Desde la sociedad dominante había que homogeneizar el país bajo la noción única de la mexicanidad. En el pasado, como ahora, los indígenas no son apreciados, viven discriminados y son etiquetados como “atrasados”, motivo que ha justificado su exterminio físico y la implementación de un sistema educativo nacional para una “aculturación forzada”. Para las ideas “desarrollistas” del siglo pasado, las culturas indígenas de la sierra de Chihuahua eran obstáculos y, por el extractivismo, sus miembros eran considerados “mano de obra barata”. En tiempos recientes, es el narcotráfico el que juega esta función extractiva que lucra inclusive con el trabajo forzado.

El despojo y el desplazamiento forzado de las poblaciones indígenas y no indígenas de la Sierra Madre Occidental en Chihuahua, pero también en Sonora, implican graves violaciones a los derechos humanos, perdida de sus bienes y de las prácticas importantes para la continuidad sociocultural de los pueblos. El fenómeno de la migración forzada por la violencia, aunque no es nuevo, en sus expresiones radicales contemporáneas, a partir de la presencia del narcotráfico, introduce armas de fuego con dinámicas que alteran las relaciones comunitarias, desbaratando el tejido social y poniendo en riesgo las posibilidades de reproducir la vida misma.

En el caso de la comunidad de hablantes del idioma Warijó/Guarijío, la presencia de los grupos del crimen organizado se traduce en amenazas para sus integrantes, trabajo forzado, despojo y apropiación de sus bienes por la fuerza, lo que provoca la huida a ciudades de la región como una de las pocas opciones para buscar mejores condiciones de vida, trabajo y ofertas educativas.

La impunidad de los agresores en la sierra se debe a la falta de capacidad o interés del Estado, que ha dejado en el desamparo a los pueblos serranos. Y mientras hay pueblos de Chihuahua despojados que logran ampliar sus espacios de acción en las ciudades, en el caso de los indígenas warijó no es así. Sus migraciones suelen ser individuales y en general, carecen de redes sociales de apoyo en las ciudades. Una vez estando fuera de su territorio ancestral, sus posibilidades de reproducir su cultura y su lengua son prácticamente nulas. No cuentan con espacios propios donde reunirse para la socialización de su lengua, la reproducción de sus celebraciones u otras prácticas cotidianas que la sociedad dominante no valora.


Cada día hay más armas de fuego de alto calibre, lo que se asocia con la violencia.

El despojo, el desplazamiento forzado, además de la discriminación vivida por los hablantes en la ciudad, en el caso warijó, implica su gradual desaparición. Ello ocurre a pesar de que hay personas interesadas en defender su idioma, sin embargo, predomina el sentimiento de quienes ya no le encuentran alguna utilidad a luchar por la cultura warijó en la ciudad, pues no existen espacios sociales urbanos que permiten su uso.

La violencia serrana les ha quitado la vida de muchos familiares, además de sus bienes y tierras, de modo que los sobrevivientes tienen que buscar la vida en espacios discriminatorios, lo que en su conjunto provoca una necesidad de no estar ubicados como indígenas en la ciudad a la que se han desplazado. La amenaza que viven estos pueblos requiere de propuestas de las propias comunidades en materia de derechos humanos, derechos culturales, seguridad social, territorio, medio ambiente y sostenibilidad, el desarrollo de empresas comunitarias y educación indígena en manos de los mismos hablantes. Pero, además, requiere del respaldo del gobierno y de sus instituciones encargadas de la protección de este patrimonio biocultural. •