Los trabajos de demolición del penal de Topo Chico, en Monterrey, dieron inicio el martes pasado sin que antes se llevara a cabo un ejercicio de búsqueda intensiva de probables inhumaciones clandestinas, como lo solicitaron familiares de personas desaparecidas, por lo que de esta forma pudieron haberse perdido evidencias de actos criminales en dicha prisión.

Así lo advirtió Valentina Peralta, coordinadora nacional de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, quien afirmó que al desdeñar las peticiones de las víctimas de que se hiciera un plan integral de búsqueda antes de demoler edificios o adaptarlos a otros usos, el gobierno de Nuevo León ignoró los postulados de la Ley General en Materia de Desaparición.

“Las labores de búsqueda no se hicieron como propusimos, porque el gobierno del estado no quiere que participemos en cosas que dice que son de ‘exclusiva competencia’, y eso denota que no conocen el contenido de la ley, cuyo centro es la coordinación interinstitucional entre los diferentes niveles de gobierno”, explicó en entrevista con La Jornada.

Aunque la titular de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Mary Balderas, y el director del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, Porfirio Díaz, mostraron buena disposición a dialogar con las familias, el gobierno estatal tuvo una actitud de desdén hacia ellas, y si bien no impidió la exploración del sitio, tampoco la facilitó.

Luego de recordar que en cárceles como las de Lecumberri y Piedras Negras hubo indicios o incluso hallazgos de entierros clandestinos de personas, Peralta señaló que Topo Chico estuvo en funcionamiento casi 80 años, con una preocupante situación de violencia y autogobierno, por lo que debió haber sido revisado a profundidad antes de demoler o conservar cualquier edificio.

Cuando visitamos el penal en noviembre pasado, nos encontramos al gobernador (Jaime Rodríguez Calderón) y le expusimos nuestra preocupación de que la búsqueda no fuera a detalle. Nos dijo que había apertura y que nos veríamos pronto para una cita, pero seguimos esperándola. Su compromiso no es con la necesidad de verdad y justicia de las familias, señaló.

Con respecto a la petición de la Red Eslabones de utilizar el sitio para un centro de procesamiento pericial forense, Peralta lamentó que el gobernador neoleonés haya insistido en construir un parque, para el cual conservará algunas estructuras de edificios, pues en esos puntos tampoco se podrá explorar a profundidad si hay o no restos humanos.