Blanca, una mujer indígena que tiene una discapacidad motriz, pasó 13 años en la cárcel de forma injusta luego de ser acusada por su esposo de haber matado a golpes a su hija, cuando en realidad no había elementos para demostrar ese hecho, y además se ignoraron los indicios de que quien había padecido violencia intrafamiliar durante años era ella, señaló la organización civil Asilegal.

En entrevista con La Jornada, Alfredo Dimas, asesor jurídico de dicho colectivo, explicó que Blanca fue detenida en 2007 en San Quintín, Baja California, luego de que su esposo llevara a la hija de ambos al hospital, donde la menor presentó múltiples golpes en todo el cuerpo. Cuando el hombre fue interrogado al respecto, afirmó que su pareja había sido la responsable de ello por haberla dejado caer y golpearla.

Con sólo ese testimonio, indicó el abogado, Blanca fue aprehendida con engaños y más tarde condenada a 21 años de prisión por el cargo de homicidio en razón de parentesco, pues el estado de salud de la niña se complicó y unos días después perdió la vida.

Todo lo anterior ocurrió en el contexto de un proceso donde se violaron diversas garantías de la acusada, pues nunca se le brindó un traductor y se le obligó a firmar un expediente autoinculpatorio, a sabiendas de que no hablaba español y no sabía leer.

De acuerdo con Dimas, el titular del Juzgado de Primera Instancia de San Quintín ignoró los indicios sobre la violencia intrafamiliar que padecía la acusada, quien tenía una relación asimétrica de poder con su esposo, quien la agredía a ella y a su hija, de acuerdo con testimonios de vecinos que también fueron desoídos.

Este es un caso no sólo de violencia intrafamiliar que terminó con un feminicidio, sino también de violencia institucional fuertísima por la falta de perspectiva de género al momento de investigar y de emitir resoluciones por parte de las autoridades. Hace falta mucho trabajo de capacitación en los órganos jurisdiccionales, enfatizó.

Con la asesoría de Asilegal, Blanca finalmente recuperó su libertad apenas el pasado 21 de enero, gracias a un beneficio de preliberación contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que le permite salir de la cárcel a quienes ya cumplieron 50 por ciento de su condena y han realizado actividades de reinserción social.

Aunque la mujer le externó a Dimas su deseo de volver a Michoacán, su estado natal, para cuidar de su familia, no puede hacerlo porque se encuentra en un régimen de libertad condicionada que la obliga a presentarse a firmar cada semana al juzgado y realizarse exámenes antidopaje.

El abogado señaló que el de Blanca es tan sólo uno de muchos casos en donde el sistema judicial viola las garantías y condena a personas con múltiples condiciones de vulnerabilidad, en este caso el ser mujer, indígena, pobre y tener una discapacidad motriz.