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Este gobierno ha liberado a 47 presos políticos: SG
 
Periódico La Jornada
Viernes 31 de enero de 2020, p. 7

En lo que va del sexenio, 47 presos políticos han sido liberados, informó ayer la Secretaría de Gobernación (SG).

La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de esta dependencia reportó que el más reciente caso es en favor de la libertad absolutoria de José Humbertus Pérez Espinoza, líder del Frente Mexiquense por el Derechos a la Vivienda Digna, quien desde 2008 ha denunciado los abusos de las empresas inmobiliarias en el valle de México, puntualizó la SG.

Pérez Espinoza obtuvo su libertad después de que el juez de la causa penal 161/2018 dictó sentencia absolutoria por no haberse acreditado ningún hecho delictivo.

Lo anterior es parte del proceso de liberación de presos políticos en México y en atención al compromiso número 88 del presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.

Caso Humbertus Pérez

El proceso penal contra el activista mexiquense dio comienzo el 4 de noviembre de 2015, al ser acusado en cuatro carpetas de investigación y administrativas de tres supuestos delitos de robo a casa habitación y extorsión.

Tras ser detenido, Pérez Espinoza fue ingresado en el penal de Chiconautla, ubicado en el municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México.

En otro asunto, el subsecretario Encinas habló en distintos foros de la problemática de las personas desaparecidas en el país, en particular las propuestas ante las desapariciones forzadas (cometidas por servidores públicos o con la complicidad de los mismos).

El funcionario señaló que son prioridades la búsqueda en vida, la profundización de los estudios post mortem y la identificación de cadáveres.

Subrayó que el gobierno no eludirá la responsabilidad, porque no basta reconocer la gravedad del problema.

Ayer el funcionario asistió a la toma de protesta de la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de Puebla.

En ese acto, Encinas criticó la intención de gobiernos anteriores de esconder el problema con el argumento de que las personas desaparecidas estaban relacionadas con daños colaterales o porque las víctimas andaban en malos pasos.