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Erradicar la violencia de género, compromiso social del gobierno: Godoy Ramos
 
Periódico La Jornada
Martes 17 de diciembre de 2019, p. 30

Para la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México es una prioridad establecer las estrategias que permitan fortalecer las instancias encargadas de brindar atención y protección a las mujeres víctimas de violencia, afirmó su titular, Ernestina Godoy Ramos.

En la tercera sesión ordinaria del Consejo Interinstitucional de Seguimiento y Vigilancia de los Centros de Justicia para las Mujeres en la Ciudad de México, Godoy Ramos apuntó que la discriminación y la violencia en contra de las mujeres, niñas, niños y adolescentes ha sido abordada en esta administración como un compromiso social, por lo que se han implementado políticas públicas para atenderlas, prevenirlas, sancionarlas y erradicarlas.

Expresó que en el contexto de atención a mujeres víctimas de violencia de género, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha manifestado que es primordial generar las acciones pertinentes y eficaces para atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.

Estamos obligados a fortalecer los servicios especializados que se brindan en los Centros de Justicia para las Mujeres en la ciudad, por lo que es necesario que todas las instancias de gobierno que participan en este esfuerzo sumen el capital humano para trabajar juntos en aras de recobrar la confianza ciudadana, apuntó.

Ante los representantes del consejo, la recién nombrada fiscal señaló que otra acción importante, a fin de dar respuesta de forma eficaz a la violencia de género en contra de las mujeres y sus hijas e hijos, que incluso pudiera arrebatarles la vida, son las medidas de protección que tienen un alcance precautorio, cautelar y de urgente aplicación.

Dichas medidas se basan en el principio de la debida diligencia por encontrarse en riesgo la integridad física o sicológica, la libertad o seguridad de las víctimas, tanto directas como indirectas.

Aunado a ello Godoy planteó la necesidad de que las diferentes instancias de gobierno se involucren y comprometan para cumplir con los objetivos del modelo de atención de los Centros de Justicia.